Zambrana exige transparencia en decisiones económicas del Gobierno
El vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Agustín Zambrana, critica al gobierno por priorizar intereses particulares y pide claridad sobre el acuerdo con el FMI.

Agustín Zambrana, vicepresidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, reafirma su postura crítica hacia el Gobierno de Rodrigo Paz, argumentando que las decisiones económicas deben beneficiar a la población boliviana y no a grupos específicos.
Sus declaraciones surgen en un contexto marcado por una crisis económica, la falta de diésel y el polémico crédito de $us 1.900 millones que Bolivia busca obtener del Fondo Monetario Internacional (FMI). Zambrana solicita que el Gobierno aclare todas las condiciones del acuerdo antes de que la Asamblea dé su aprobación.
"No nos oponemos al financiamiento, pero exigimos que no se comprometa a Bolivia sin antes mostrar todas las condiciones pertinentes", enfatizó Zambrana, quien también demandó la publicación de documentos clave como la Carta de Intenciones y otros memorándums relacionados con el financiamiento.
Su crítica también abarca la gestión de recursos del Estado, que, según él, se concentra en el nivel central mientras las regiones sufren problemas en áreas como salud, educación y producción. En este sentido, propuso un modelo de distribución equitativa de los recursos, sugiriendo un reparto del 50/50 entre el Estado y las regiones.
La cuestión del combustible añade más tensión a la situación. Zambrana ha solicitado modificaciones al Decreto 5676 y ha hecho un llamado para que el Gobierno solucione urgentemente la escasez de diésel. Este lunes, anunció que presentaría una denuncia ante la Contraloría por supuestas irregularidades en un surtidor de Cabezas, instando a investigar la dispersión de los litros de combustible programados.
La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) ha confirmado hallazgos de irregularidades en este contexto y ha comenzado procesos de investigación. Zambrana destaca que, aunque el financiamiento y las reformas se pueden considerar, es crucial que se garantice que los recursos finalmente beneficien a la ciudadanía.