Víctimas del hotel Las Américas exigen al Gobierno posición clara y cumplimiento de la CIDH
Tres denunciantes de los sucesos de 2009 reclaman al Gobierno actual que se pronuncie sobre sus demandas y que se implemente la reparación dictada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Alfredo Saucedo, uno de los denunciantes, expresó la urgencia de que el Gobierno de Rodrigo Paz cumpla con lo establecido por la Corte Interamericana, que ordena una reparación integral no solo para las víctimas directas, sino también para sus familias, quienes sufrieron las consecuencias de los hechos.
Los incidentes en el hotel Las Américas ocurrieron el 15 de abril de 2009, cuando un operativo policial resultó en la muerte de tres personas extranjeras, acusadas de terrorismo por el Gobierno anterior. Sin embargo, en 2020, el Estado retiró dichas acusaciones y los implicados fueron absueltos.
Los denunciantes buscan que se reabran los procesos penales contra al menos 153 autoridades que participaron en esos hechos, y esperan que esta cifra se amplíe a más de 400, incluyendo a quienes atentaron contra sus vidas. Juan Carlos Guedes, otro de los acusados, indicó que la fiscalía se encuentra en la fase de recolección de declaraciones y posteriormente llamará a los mencionados en su lista.
Responsabilidades políticas
Los denunciantes identifican como principales responsables a los exmandatarios Álvaro García Linera y Evo Morales, a quienes consideran los autores intelectuales del caso. Guedes se refirió al general Johnny Aguilera, a quien consideran el principal autor material de las violaciones a derechos humanos durante esos operativos, a quien han apodado "el genio de la lámpara de Aladino" por su papel en diversas investigaciones emblemáticas.
"Pido que el actual presidente se manifieste y diga que hay que solucionar este problema porque tiene una obligación convencional, la Comisión Interamericana le ha impuesto esa obligación a Bolivia", declaró David Cejas, también denunciante.
En resumen, los denunciantes esperan acciones concretas del Gobierno actual para abordar sus demandas y cumplir con las resoluciones internacionales que buscan reparar los daños sufridos desde hace más de una década.