Vicegobernadora denuncia posible vínculo entre retención de funcionarios y minería ilegal
Paola Aguirre exigió al Ministerio Público que se investigue la retención de funcionarios en la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, alertando sobre la posible conexión con la explotación ilegal de oro.
La vicegobernadora de Santa Cruz, Paola Aguirre, denunció que funcionarios del Gobierno nacional y de la Secretaría de Medio Ambiente fueron emboscados y retenidos en la Reserva de Vida Silvestre Ríos Blanco y Negro, ubicada entre las provincias Guarayos y Marbán. Esto ocurrió mientras realizaban un operativo por una denuncia de avasallamiento en el área protegida.
Aguirre, quien actúa como gobernadora en suplencia, afirmó que el grupo de funcionarios había sido emboscado y privado de su libertad por un periodo considerable. "Se dirigieron a la provincia Guarayos para llevar a cabo un relevamiento de información y fueron emboscados", indicó la autoridad.
Tras conocer lo sucedido, Aguirre se comunicó con los habitantes de la zona y solicitó que se lleven adelante las investigaciones pertinentes ante el Ministerio Público. "Exigimos que el Ministerio Público actúe con celeridad y transparencia en este caso", enfatizó.
La vicegobernadora también mencionó la existencia de organizaciones involucradas en el tráfico de tierras, quienes podrían estar intentando frenar los operativos gubernamentales a través de tácticas de intimidación. Además, se refirió a personas que, a su juicio, protegerían y encubrirían estas actividades irregulares.
Aguirre reafirmó el compromiso de la Gobernación de Santa Cruz con la protección de las áreas naturales. "No nos dejaremos amedrentar por este tipo de situaciones. En futuros operativos, probablemente requeriremos el apoyo de la Policía Nacional para reforzar nuestras acciones", manifestó.
La retención de los funcionarios ocurrió mientras estos verificaban presuntas actividades irregulares dentro del área protegida. Un total de doce funcionarios, incluyendo siete de la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT), fueron finalmente liberados tras ser retenidos por comunarios.
El subgobernador de Guarayos, Sammy Ismael Gutiérrez, ya había interpuesto una denuncia ante la Policía por la retención de los funcionarios. El equipo había comenzado su misión el 21 de octubre para revisar posibles asentamientos ilegales y apertura de caminos en la zona.