jueves 17 de septiembre de 2026 · Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Sociedad

Transportistas exigen solución urgente ante la escasez de diésel y se oponen a bloqueos

El sector del transporte en Bolivia critica la inacción del Gobierno frente a la falta de combustible y los bloqueos que afectan sus operaciones, pidiendo medidas efectivas.

Por Gabriela Landívar · 27 de agosto de 2026

Los transportistas han manifestado su descontento con la situación actual del abastecimiento de diésel, recordando que el Gobierno había prometido que el Decreto 5676 solucionaría las filas y garantizaría el suministro de combustible para su sector.

Luis Añez, presidente de la Cámara de Transporte del Oriente, expresó su inquietud por los bloqueos que han afectado a varias regiones del país, impulsados por grupos que exigen la derogación del decreto que fija el precio de diésel en Bs 18 por litro para los grandes consumidores.

Añez mencionó que los bloqueos han permanecido activos durante 53 días en el occidente del país, lo que ha generado un impacto negativo en la capacidad de trabajo y producción del sector transporte. Al respecto, indicó que "los bloqueos solo traen atraso".

El dirigente también criticó la falta de respuesta del Gobierno ante estos conflictos, sugiriendo que las autoridades deberían actuar antes de que se produzcan las manifestaciones en lugar de esperar a que la situación se complique.

Respecto al Decreto Supremo 5676, Añez aclaró que el sector no está ni a favor ni en contra de su derogación, sino que busca una solución definitiva a la falta de combustible, reclamando una planificación adecuada por parte del Gobierno.

Añez enfatizó que, a pesar de la situación, la solución al problema de abastecimiento de diésel no depende únicamente de eliminar el decreto, ya que se necesita una estrategia estructural que garantice el suministro continuo de combustible.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Transporte subrayó la necesidad urgente de contar con suficiente diésel para que el sector pueda continuar con sus actividades, dejando claro que la decisión sobre el futuro del decreto corresponde al Gobierno.