SOBOCE advierte sobre la posible ejecución del fallo favorable a FANCESA
La empresa de cemento denuncia que una ejecución apresurada del fallo podría vulnerar principios jurídicos y generar un grave impacto económico.
La Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE) ha manifestado su preocupación por la posibilidad de que se ejecute de manera apresurada una sentencia que la condena a pagar 744 millones de bolivianos a FANCESA, mientras aún están pendientes las decisiones en la vía constitucional.
SOBOCE considera que llevar a cabo esta ejecución sin esperar la resolución de la justicia constitucional sentaría un precedente alarmante y sería un claro ejemplo de denegación de justicia, afectando la imagen del país a nivel internacional.
La empresa resalta que sería insólito que un juez de primera instancia intentara hacer cumplir un fallo mientras existe un recurso de queja aún sin resolver, lo que contraviene el principio de jerarquía legal que rige en Bolivia.
La posible ejecución de esta sentencia tendría repercusiones severas en la operatividad de SOBOCE, afectando su liquidez, inversión y compromisos financieros, lo que podría poner en riesgo miles de puestos de trabajo.
Además, SOBOCE recuerda que Bolivia sería el primer país en aplicar el concepto de "daño al proyecto de vida" a una sociedad comercial, lo que podría abrir la puerta a decisiones arbitrarias en contra de otras empresas, deteriorando la seguridad jurídica y ahuyentando la inversión extranjera.
Desde hace 16 años, SOBOCE está reclamando al Estado boliviano el pago correspondiente por la expropiación de sus acciones en FANCESA, una obligación que el gobierno no ha cumplido, contraviniendo su propio Decreto N° 0616 del 1 de septiembre de 2010.
Las irregularidades en este proceso representan una violación a los Tratados Bilaterales de Inversión y a las normativas de la Comunidad Andina de Naciones, exponiendo al Estado a litigios internacionales y potenciales indemnizaciones millonarias.
SOBOCE hace un llamado a la comunidad jurídica, los gremios empresariales y las autoridades para que se evite una ejecución ilegal y anticipada, ya que esto podría desestabilizar la economía boliviana y fomentar la arbitrariedad.