Sectores productivos presionan al Gobierno para anular el decreto del diésel
Varias organizaciones en Santa Cruz exigen la derogación del Decreto Supremo 5676 sobre el aumento del precio del diésel y anuncian posibles movilizaciones si no se atienden sus demandas.
A medida que se acerca el final del Estado de Excepción y tras el reciente aumento del precio del diésel en Bolivia, crece la presión de al menos nueve sectores que han exigido al Gobierno la anulación del decreto que establece esta alza. Los grupos afectados advierten que, de no haber respuesta, podrían iniciar movilizaciones en defensa de sus intereses.
Entre los sectores que se oponen a este incremento se encuentran agricultores de Warnes, Santistevan, Sara e Ichilo, así como productores de Yapacaní, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), la Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro), transportistas y otros. La mayoría de estos grupos se encuentra radicada en Santa Cruz y han manifestado su intención de protestar si el Gobierno no responde a sus solicitudes.
Reuniones y movilizaciones en el norte cruceño
En las provincias del norte de Santa Cruz, los campesinos sostuvieron una reunión en la que definieron otorgar un plazo de 48 horas al Gobierno para abrogar el Decreto Supremo 5676, que rige desde el 16 de agosto. A través de un comunicado, exigieron la derogación inmediata de esta normativa, la cual consideran perjudicial para el sector agroproductivo.
Por su parte, los productores del municipio de San Juan llevaron a cabo una marcha que finalizó en Santa Fe, donde también dieron un ultimátum de 24 horas al Gobierno para que revoque el decreto en cuestión. Las organizaciones productivas de Yapacaní se sumaron a esta demanda, amenazando con nuevas acciones si sus reclamos no son atendidos.
El 17 de agosto, la CAO calificó el decreto como improvisado y discriminador, cuestionando al Gobierno por pretender que la medida había sido socializada. Klaus Frerking, presidente de la CAO, advirtió que los costos de producción aumentarán, lo que impactará en los precios de los productos de la canasta básica familiar. El sector convoca a un congreso para analizar el tema y reiterar su demanda de derogación.
La Confederación Agropecuaria Nacional también se manifestó en contra del decreto, argumentando que las medidas adoptadas están afectando severamente a su sector. En tanto, los transportistas, liderados por Lucio Gómez, declararon estado de emergencia y anunciaron que se convocará a un ampliado nacional debido a la falta de combustible y el rechazo al decreto que aumentó el precio del diésel.
El sector arrocero, representado por David Pérez, también se adhirió al pedido de derogación, advirtiendo que no es justo que algunos productores se beneficien mientras otros no. En el mismo sentido, los cañeros expresaron que se encuentran en una situación crítica por la falta de liquidez, cuestionando el impacto del decreto en su sustento económico, mientras las comunidades del trópico de Cochabamba, afines a Evo Morales, también se sumaron a las protestas en contra de la eliminación de la subvención para los grandes consumidores.
En conclusión, la creciente presión de los sectores productivos y la posibilidad de movilizaciones reflejan un descontento generalizado con el actual decreto del diésel, que ha desencadenado un clima de incertidumbre y tensión en el ámbito económico del país.