Saucedo defiende la soberanía de las políticas migratorias de cada Estado
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la revocación de visas a fiscales bolivianos por parte de Estados Unidos, destacando el respeto a la soberanía de cada país.
Este lunes se anunció la revocación de la visa al fiscal General del Estado, Róger Mariaca, y al fiscal de Santa Cruz, Alberto Zeballos, por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta decisión forma parte de una nueva política que busca sancionar a quienes, según Washington, comprometen la democracia mediante la corrupción o el narcotráfico.
Rómer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, expresó su respeto hacia la soberanía de cada nación, subrayando que cada Estado tiene el derecho de establecer sus propias políticas migratorias. "(…) pretender inmiscuirme en las decisiones de otro país sería inmiscuirme en su soberanía", declaró Saucedo en referencia a la medida estadounidense.
Además, Saucedo aclaró que la asignación o sanción de jueces no es competencia del Tribunal Supremo de Justicia, sino del Consejo de la Magistratura, que es el organismo encargado de tomar esas decisiones. Esto busca desvincular al TSJ de la situación de los fiscales afectados por la revocación de sus visas.
- Martín Daniel Irusta Flores, fiscal superior.
- Albania Chane Caballero Saavedra, jueza de Instrucción Anticorrupción.
- Alberto Zeballos Flores, fiscal departamental de Santa Cruz.
- Rosario Ximena Flores Paniagua, jueza de Instrucción en lo Penal.
- Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia.
- Álvaro Mauricio Nava Morales Carrasco, fiscal superior.
- Israel Ramiro Campero Méndez, magistrado constitucional.
- Alberto Samuel Soto de la Vía, exejecutivo de la Aduana Nacional.
- Iván Ramiro Campero Villalba, exmagistrado suplente del TSJ.
- Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, juez Público Mixto.
- Frans William Cabrera Quispe, coronel de la Policía Boliviana.
- José Luis Iriarte Cussi, empresario privado.
En total, el Departamento de Estado revocó los visados de 13 ciudadanos bolivianos y sus familias. Otros nueve bolivianos que no poseen visa también enfrentarán restricciones para obtenerla en el futuro. En este contexto, el fiscal Mariaca fue señalado específicamente en un informe por su supuesta vinculación con actos de corrupción.