Responsabilidad de jueces en el centro del debate tras veto de EEUU
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la inclusión de tres jueces bolivianos en la lista de restricciones de visa impuesta por Estados Unidos, enfatizando la autonomía judicial.

Romer Saucedo, presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), afirmó que cada juez es responsable de las decisiones que toma. Su declaración se produjo en el contexto de las recientes sanciones impuestas por Estados Unidos a tres jueces bolivianos, quienes enfrentan restricciones de ingreso a territorio estadounidense.
"Cada juez es responsable de sus resoluciones. Y en el marco de esa independencia con la que actúan, ellos deberán responder si se inicia una investigación sobre cualquier situación que pueda involucrarlos", expresó Saucedo durante una conferencia de prensa.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció que 12 ciudadanos bolivianos, incluidos sus familiares, recibirán restricciones de visa. Entre ellos se encuentran Albania Chane Caballero Saavedra, Rosario Ximena Flores Paniagua y Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, tres jueces mencionados por su vínculo con casos legales controversiales.
Detalles sobre los jueces sancionados
- Albania Chane Caballero Saavedra: Primera jueza investigadora Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres en Santa Cruz, quien autorizó la detención domiciliaria del exjuez Hebert Zeballos, relacionado con el caso ‘Maletas’.
- Rosario Ximena Flores Paniagua: Jueza de Instrucción Penal en Santa Cruz, firmó el mandamiento de libertad de Zeballos en el mismo caso mencionado.
- Rodrigo Aldo Vedia Espinoza: Juez del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia, encargado de controlar la detención preventiva de Misael Nallar, vinculado al asesinato de policías en Porongo.
Asimismo, Saucedo subrayó que el TSJ no tiene la autoridad para designar, sancionar o suspender jueces, ya que esas atribuciones corresponden al Consejo de la Magistratura. Su comentario busca aclarar las competencias dentro del sistema judicial boliviano.
La postura del Departamento de Estado de Estados Unidos se enmarca en una política más amplia de restricción de visas, que busca limitar la entrada a funcionarios extranjeros considerados corruptos. En su comunicado, se menciona que bajo la administración Trump, estos individuos ya no tendrán acceso libre a su territorio.