Resoluciones clave de la Asamblea de la Cruceñidad
En una reciente reunión, la Asamblea de la Cruceñidad estableció importantes demandas al Gobierno nacional, centradas en la autonomía y la situación de los recursos económicos y energéticos del país.
La Asamblea de la Cruceñidad se reunió el 9 de septiembre en Santa Cruz y aprobó un conjunto de resoluciones dirigidas al Gobierno, abordando temas de autonomía y la crisis económica y energética que enfrenta el país.
Demandas principales
- Restitución de competencias y recursos a gobernaciones y municipios.
- Incorporación del 50-50 en el Presupuesto General del Estado 2027.
- Liberación total de la importación y comercialización de combustibles.
- Eliminación del monopolio estatal de YPFB.
- Fomento a los biocombustibles y explotación de crudo.
- Lucha contra la corrupción en YPFB y la ANH.
- Avance en leyes autonómicas.
- Defensa de los intereses de Santa Cruz.
Entre las exigencias destaca la restitución inmediata de competencias en áreas como salud y educación a los gobiernos regionales, así como la incorporación del modelo 50-50 en el presupuesto estatal para que los ingresos generados en cada región sean administrados localmente.
Además, se busca la liberación total de la importación y comercialización de combustibles, lo cual incluye retirar impuestos para mantener bajos los precios y evitar el aumento del costo de la canasta familiar.
La resolución también solicita romper el monopolio de YPFB, cuestionando así su gestión y la de la ANH, señalando que estas entidades han contribuido a los problemas en la distribución de combustibles.
La Asamblea resalta la importancia de impulsar los biocombustibles y la explotación de crudo como estrategias para reducir costos de importación y garantizar abastecimiento.
Se establece la necesidad de erradicar la corrupción en YPFB y la ANH, pidiendo la destitución de funcionarios implicados en prácticas que perjudican a la población.
Por último, se fijó el 10 de octubre como el inicio de movilizaciones si las demandas no son atendidas, y la posibilidad de convocar a un cabildo para que la ciudadanía exprese su opinión sobre el futuro de Santa Cruz.
La resolución concluye con un llamado a avanzar hacia la "Autonomía de Facto" y reafirma el derecho de Santa Cruz a desarrollarse de manera autónoma.