Reforma de la Fiscalía: Propuesta de Joadel Bravo para un mayor control judicial
El exfiscal Joadel Bravo propone una reestructuración del Ministerio Público para mejorar el control judicial y optimizar la gestión de casos tras la crisis institucional reciente.
Joadel Bravo, exfiscal y abogado, ha planteado una serie de reformas estructurales al Ministerio Público, destacando la necesidad de un mayor control judicial sobre la labor de los fiscales. Esta propuesta surge en un contexto marcado por la reciente crisis institucional provocada por la aprehensión del exfiscal general Roger Mariaca y la posterior designación de José Armando Urioste como nuevo fiscal general del Estado.
Entre los principales cambios que propone Bravo se encuentra la idea de que un juez cautelar controle directamente las actuaciones del fiscal investigador, en lugar de resolver disputas dentro de la propia Fiscalía. En su opinión, esto mejoraría la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los casos.
Nuevos mecanismos de elección y control
Otro de los ejes centrales de la propuesta es la modificación en la elección de los fiscales departamentales. Bravo sugiere que estos funcionarios no sean designados por el fiscal general, sino que sean elegidos por las asambleas legislativas departamentales a partir de ternas propuestas por organizaciones representativas de cada región. Esto, según Bravo, permitiría una mayor independencia y control en la gestión de la Fiscalía.
Además, propone eliminar la oficina que actualmente se encarga de analizar las denuncias, sugiriendo que estas se ingresen directamente conforme a lo establecido en el artículo 285 del Código de Procedimiento Penal, lo que podría evitar arbitrariedades en la admisión de casos.
Bravo también plantea que se unifiquen las etapas de investigación, reduciendo el tiempo para llegar a juicio a un máximo de un año. Esto busca que los procesos no se prolonguen indefinidamente, estableciendo plazos más claros para la resolución de los casos.
Finalmente, el exfiscal propone que ciertos delitos de menor impacto social sean considerados del ámbito privado, permitiendo así que el Ministerio Público se concentre en delitos más graves como el narcotráfico y la corrupción. También sugiere que los abogados puedan solicitar directamente ciertas certificaciones e información investigativa, aligerando la carga de trabajo de los fiscales.