Reclusas de Palmasola denuncian maltratos en requisas y solicitan apoyo de DDHH
Internas del penal PC2 de Palmasola exigen la intervención de organismos de derechos humanos tras denunciar abusos durante controles. Aseguran que los operativos generan violencia y afectan la dignidad de las reclusas y visitantes.
Un grupo de mujeres recluidas en el PC2 de Palmasola ha reportado a EL DEBER supuestos abusos y maltrato durante las requisas que se realizan en el penal, especialmente en períodos previos a festividades y celebraciones. Las internas afirman que estos operativos se llevan a cabo de forma violenta, afectando tanto sus pertenencias como la tranquilidad de sus hijos y de los visitantes.
Una de las reclusas expresó: "Estamos siendo atropelladas con el tema de las requisas", y relató que en la jornada del lunes, una compañera con problemas cardíacos sufrió una descompensación debido a la tensión generada durante el control.
Las denunciantes también criticaron la intervención de agentes policiales en los procedimientos, identificando a una teniente apellidada Colomi, quien presuntamente tiene antecedentes de denuncias. Según las internas, esta oficial no debería ingresar a las celdas, sino que debería permanecer en la entrada del penal, aunque estas afirmaciones no han sido corroboradas con las autoridades del recinto.
Adicionalmente, las internas sostienen que durante las requisas se verifica cada celda y el trato que reciben es considerado excesivo por ellas, afectando tanto a las reclusas como a sus visitantes. Este grupo se propone llevar su denuncia a organismos de defensa de los derechos humanos y a la Defensoría del Pueblo para que se investiguen las prácticas en el penal.
La normativa nacional establece límites claros para las requisas. La Ley 2298 de Ejecución Penal y Supervisión estipula que los registros a visitantes deben ser realizados por personal del mismo sexo, sin menoscabar su dignidad ni pudor. Además, se reconoce el derecho de las personas privadas de libertad a presentar quejas ante las autoridades competentes.
Por su parte, la Constitución Política del Estado resalta que toda persona privada de libertad debe ser tratada con respeto a su dignidad humana y señala que el Estado es responsable de asegurar el cumplimiento de estos derechos.