Pruebas de la Fiscalía apuntan a Mariaca por tráfico de drogas

La Fiscalía ha presentado una serie de elementos que sustentan la acusación en contra de Róger Mariaca, entre los que se incluyen grabaciones, informes de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y antecedentes de Estados Unidos. Además, se han confiscado dispositivos electrónicos y dinero durante las aprehensiones relacionadas con el caso.

En el documento de imputación, que consta de 20 páginas y está fechado el 2 de octubre, se detalla la evidencia recopilada hasta el momento, así como la información que aún debe ser verificada para sostener la acusación por tráfico de sustancias controladas y organización criminal.

Una pieza clave del caso es un video donde Sebastián Marset menciona a Mariaca en un contexto que sugiere relaciones ilícitas. En este material, Marset se refiere a Mariaca como "mi amigo", lo que la Fiscalía utiliza para establecer vínculos con otros investigados como Rubén Aparicio.

Adicionalmente, la Fiscalía ha incorporado informes policiales y datos de la UIF, así como un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos que habla de la revocación de visas a autoridades bolivianas. Esta información fue crucial para la localización de Mariaca y Alberto Zeballos en el aeropuerto de Viru Viru.

Durante la detención de Mariaca, las autoridades confiscaron diversos objetos, entre ellos dos teléfonos celulares, una tableta, más de Bs 19.000 y $us 2.100, así como joyas y documentación. Estos elementos serán analizados en el marco de la investigación.

La Fiscalía sostiene que Mariaca habría formado parte de una organización criminal junto con Aparicio, Zeballos y Martín Irusta, asumiendo un rol de "protección y ayuda" durante su tiempo como fiscal departamental de Santa Cruz y luego como fiscal general.

Un aspecto relevante de la imputación apunta a que Marset habría pagado hasta $us 500.000 mensuales a ciertas autoridades como parte de un esquema de protección. Esta acusación está vinculada a un operativo que fracasó el 29 de julio de 2023, aunque la Fiscalía admitió que necesita más pruebas para sostener esta afirmación.

Para seguir adelante, la Fiscalía planea realizar una serie de acciones, incluyendo allanamientos, entrevistas a testigos, análisis de teléfonos y redes sociales, así como la consulta de registros en Migración e Interpol.

En cuanto a la solicitud de medidas cautelares, la Fiscalía inicialmente propuso una detención de 90 días, pero finalmente ha pedido seis meses de detención preventiva para Mariaca, Zeballos, Aparicio e Irusta en los centros penitenciarios de San Pedro y Patacamaya, en La Paz.