Oportunidades de inversión en bonos de carbono para Bolivia
Bolivia ha superado bloqueos normativos para el mercado de carbono, pero aún falta claridad sobre la homologación de créditos internacionales. La experiencia de otros países puede guiar su desarrollo.
Bolivia ha establecido un marco legal propicio para el desarrollo del mercado de carbono, superando en menos de dos años restricciones que habían impedido su avance durante más de una década. Sin embargo, persiste la incertidumbre sobre la comercialización de créditos de carbono certificados por entidades como Verra o Gold Standard, lo que plantea dudas sobre la seguridad jurídica para los inversionistas.
La Sentencia Constitucional Plurinacional No. 0040/2024, junto con el Decreto Supremo No. 5264 y la Ley No. 1613, han permitido la creación de instituciones encargadas de gestionar este mercado. Se han creado el Registro Nacional de Programas y/o Proyectos (RENAPP) y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (MEFP), aunque aún falta definir cómo se tratarán los créditos privados con certificaciones internacionales.
La necesidad de homologación de créditos de carbono en Bolivia.
Aún queda una pregunta clave para los inversionistas: ¿cómo se podrá homologar un crédito de carbono ya certificado bajo estándares privados? La normativa actual no ofrece una solución clara para reconocer estas certificaciones, lo que podría desincentivar a los compradores internacionales. No es viable exigir una certificación estatal paralela, dado que esto encarecería y complicaría los proyectos.
Homologar implica que el Estado reconozca estándares de certificación privada que ya cumplen criterios internacionales, permitiendo que los créditos generados por estos programas puedan ser registrados y comercializados en Bolivia sin necesidad de una nueva validación estatal. Este enfoque ha demostrado ser efectivo en países como Colombia, Paraguay y en modelos europeos que han atraído inversiones al mercado de carbono.
- Colombia: El Estado valida estándares, no cada proyecto.
- Paraguay: Registro que no interfiere con certificaciones privadas.
- Modelo europeo: Certificación como sello de calidad, no como permiso estatal.
La falta de un mecanismo de homologación claro podría limitar la capacidad de Bolivia para atraer inversión privada a gran escala, generando costos adicionales y desventajas frente a otras jurisdicciones que ya tienen reglas más claras. La confianza jurídica es fundamental para que los inversionistas se sientan seguros en la emisión, registro y comercialización de créditos de carbono en el país.
“Sin un mecanismo claro de homologación, Bolivia corre el riesgo de contar con un marco regulatorio insuficiente para atraer inversión privada a gran escala”
Para mejorar la situación, Bolivia podría adoptar un mecanismo que permita la homologación de créditos de carbono ya certificados internacionalmente, facilitando su registro y asegurando la trazabilidad sin necesidad de procesos adicionales de certificación estatal. Esto no solo ayudaría a reducir costos, sino que también fomentaría un ambiente más atractivo para la inversión en proyectos climáticos.