Nuevo proveedor internacional de combustible para Santa Cruz
El gobernador Juan Pablo Velasco confirmó que se está gestando la llegada de un nuevo proveedor de combustible que no colabora con YPFB, en medio de la espera de normativas que permitan la importación privada.
Juan Pablo Velasco, gobernador de Santa Cruz, informó que están trabajando en la habilitación de un nuevo proveedor internacional de combustible. Este proveedor no tiene vínculos comerciales previos con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB). Velasco enfatizó que la Gobernación actuará como un facilitador, sin hacerse cargo de la importación ni la distribución del combustible, permitiendo que las empresas privadas se organicen y accedan a condiciones competitivas en el mercado.
El gobernador destacó que uno de los retos principales será permitir que las empresas privadas importen grandes cantidades de diésel y gasolina a precios competitivos. "Ninguna empresa privada podrá competir con los precios que ofrece YPFB, que es la compañía más grande del país. Lo que buscamos es facilitar la cooperación para que puedan conseguir precios internacionales”, señaló.
Velasco mencionó también las dificultades que enfrenta el sector privado para participar en el abastecimiento de combustibles. En primer lugar, indicó que hay alrededor de 70 empresas con trámites pendientes ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) debido a restricciones que limitan la posibilidad de que un surtidor comercialice tanto gasolina de YPFB como de proveedores privados.
La segunda dificultad que mencionó el gobernador es la subvención de los combustibles. Velasco argumentó que para que los privados puedan realizar inversiones y traer grandes volúmenes de combustible, es fundamental que haya condiciones de competencia equitativas. "No puede haber precios subsidiados, eso generaría competencia desleal. La gente preferiría comprar el combustible más barato en vez de optar por el de los privados”, explicó.
A su vez, Velasco sugirió que se debería eliminar la subvención general a los combustibles, pero mantener un sistema de protección específico para el transporte público. Esto, según él, permitiría un marco más justo y competitivo en el mercado del combustible.