Nueva lista de EEUU genera polémica en Bolivia; piden ceses y renuncias
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha restringido las visas a 40 personas en Bolivia, incluyendo a dos diputados y exautoridades, generando un fuerte llamado a la renuncia de funcionarios en el país.
El Gobierno de Estados Unidos ha implementado restricciones de visa para 40 individuos en Bolivia, incluyendo a dos diputados nacionales, jueces y exautoridades de la Policía, en una acción reciente del Departamento de Estado. Esta es la segunda lista divulgada en un mes, luego de las medidas anunciadas el 28 de septiembre.
El comunicado, firmado por el secretario de Estado, Marco Rubio, forma parte de una campaña más amplia contra la corrupción y el narcotráfico en la región, siguiendo compromisos asumidos en la Cumbre de Doral y la iniciativa Escudo de las Américas.
La medida se basa en el artículo 212 de la sección C de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE. UU. y busca sancionar a aquellos extranjeros que, a través de la corrupción o el narcotráfico, afectan a gobiernos democráticos, sin importar su afiliación política. Las restricciones también se extienden a los familiares directos de los mencionados, sumando así un total de 40 afectados.
Consecuencias inmediatas en Bolivia
Tras el anuncio, figuras políticas como el expresidente Jorge Quiroga y el gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, pidieron la destitución inmediata del diputado Rafael Darío López, argumentando que la corrupción y el narcotráfico son un daño para el país. Solicitaron que la Cámara Baja actúe con la misma rapidez que se mostró en el caso del exfiscal general Róger Mariaca.
La gobernadora Paola Aguirre también sugirió que los diputados López y Pacheco deberían renunciar. Ambos han defendido su inocencia, con López afirmando que analizará su situación y Pacheco declarando que está dispuesto a enfrentar cualquier investigación.
En el ámbito judicial, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Rómer Saucedo, exigió la renuncia de Aldo Ismael Quezada, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quien finalmente presentó su renuncia. La Fiscalía General del Estado también desvinculó a 60 funcionarios que habían trabajado durante la gestión de Mariaca.
El presidente del Comité pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, solicitó a la Cancillería que pida a EE. UU. las pruebas que respaldan estas restricciones, para que en Bolivia se actúe en consecuencia. Esta nueva acción se suma a las restricciones anteriores relacionadas con el caso de Mariaca.