Movilidad ministerial en el gabinete de Rodrigo Paz genera interrogantes
Un análisis revela que hasta el 40% de los decretos emitidos por el gobierno de Rodrigo Paz están relacionados con designaciones interinas, lo que pone de relieve una alta rotación de ministros en diversas carteras.
Una investigación realizada por la periodista Gabriela Ichaso Elcuaz ha revelado que el gabinete del presidente Rodrigo Paz presenta una notable movilidad, donde los ministros suelen asumir temporalmente otras carteras durante las ausencias de sus titulares. Entre el 8 de noviembre de 2025 y el 7 de agosto de 2026, se publicaron 185 decretos en la Gaceta Oficial de Bolivia, de los cuales 71, equivalente a casi el 40%, tienen relación con nombramientos interinos.
Este escenario ha dado lugar a una estructura de suplencias cruzadas, en la que un grupo reducido de ministros se encarga de la mayoría de los reemplazos temporales. El exministro de Relaciones Exteriores, Fernando Aramayo, se destaca por haber acumulado 63 días de misiones internacionales documentadas en los primeros meses de la gestión de Paz. Sus viajes incluyeron destinos como Brasil, Paraguay, Suiza, Estados Unidos, Chile, Colombia, Türkiye, Corea del Sur y Panamá, en el marco de actividades vinculadas a organismos multilaterales y cooperación internacional.
Aramayo no solo ha estado en múltiples misiones, sino que también ha ocupado el cargo de ministro interino en otras áreas, como Economía y Finanzas, Presidencia y Turismo. A pesar de la designación del viceministro Héctor Huanca como canciller, quien fue autorizado para representar al presidente en la toma de posesión del nuevo mandatario colombiano, Aramayo continuó desempeñando un papel protagónico en ese evento.
El análisis también identifica a otros ministros que asumen con frecuencia roles de reemplazo, como José Luis Lupo, quien ha ocupado temporalmente la Cancillería y Economía, y Oscar Mario Justiniano, descrito como un “comodín” para sustituir a titulares en carteras como Defensa y Planificación. Otros funcionarios, como José Fernando Romero y José Gabriel Espinoza, también han tenido ausencias significativas.
Aunque la revisión de los decretos permite identificar los viajes y su duración, no se especifica el costo que estos han representado para el erario público. Por lo tanto, se sugiere que la Asamblea Legislativa Plurinacional supervise los gastos relacionados con los viajes y evalúe los resultados de estas gestiones en términos de beneficios concretos para Bolivia, como inversiones o acuerdos comerciales.
La creciente movilidad internacional de los ministros plantea interrogantes, especialmente en un contexto donde persisten problemas en la atención a los ciudadanos bolivianos en el exterior. El cuestionamiento no se centra en la legalidad de las suplencias, sino en la frecuencia y la concentración de funciones en un grupo selecto de ministros, lo que sugiere una práctica que ha dejado de ser excepcional y se ha vuelto habitual.
Finalmente, queda la inquietud sobre el costo real que representa esta intensa agenda internacional para el Estado y, más importante aún, qué beneficios tangibles está generando para el país.