Marset cuestiona la legalidad del registro de un celular en Bolivia
Sebastián Marset, acusado de narcotráfico en EE.UU., impugna el registro de un teléfono incautado en Santa Cruz y solicita explicaciones sobre los procedimientos utilizados por la DEA.
Los abogados de Sebastián Marset han presentado una impugnación ante la Corte Federal del Distrito Este de Virginia, demandando la suspensión del análisis de un celular que fue incautado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Solicitan que el Gobierno estadounidense aclare cómo se obtuvo el control del dispositivo y qué procedimientos fueron empleados para extraer la información.
La solicitud fue presentada el 23 de octubre ante el juez Rossie Alston Jr. En el escrito, la defensa plantea dudas sobre las condiciones en las que fue encontrado el celular y denuncia la falta de documentación adecuada respecto a su custodia. También cuestionan la legalidad del registro realizado por los agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA).
Los abogados alegan que el teléfono fue enviado por las autoridades bolivianas a la DEA en abril, pero no fue incluido en la documentación judicial hasta finales de julio, lo que implica que no se notificó a la defensa sobre su existencia de manera oportuna. Aseguran que no se elaboró un informe correspondiente sobre la cadena de custodia del dispositivo.
Además, la defensa sostiene que la DEA confirmó que extrajo datos del celular sin una orden judicial. Según el argumento presentado, no se necesitó autorización porque Marset habría consentido el registro de otros dispositivos, un punto que la defensa cuestiona para este caso específico.
Marset es señalado por utilizar cuatro celulares para manejar cuentas de criptomonedas que suman aproximadamente 4 millones de dólares. La defensa busca que el juez investigue cómo se obtuvo y procesó la información del celular antes de que este sea considerado evidencia en la causa.
El uruguayo, arrestado el 13 de marzo de 2026 en Santa Cruz, enfrenta múltiples cargos federales por narcotráfico, lavado de dinero y narcoterrorismo. Su defensa ha cuestionado la jurisdicción estadounidense y la validez de los cargos, solicitando la exclusión de ciertas pruebas del proceso judicial.
La impugnación del celular coincide con investigaciones en Bolivia que examinan los posibles vínculos de exfiscales y policías con Marset. Varios exfiscales y un policía han sido encarcelados por presuntos actos de protección al narcotraficante. Mientras tanto, el juez Alston tiene programado pronunciarse sobre las mociones de la defensa antes del 6 de noviembre, lo que podría influir en el desarrollo del juicio previsto para principios de 2027.