La FAM aclara que el aumento del diésel no justifica automáticamente el alza en tarifas de transporte

La Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia) afirmó que el reciente aumento del precio del diésel no debe traducirse automáticamente en un incremento de las tarifas del transporte público. Cada municipio tiene la responsabilidad de decidir sobre ajustes tarifarios a partir de estudios técnicos que involucren la perspectiva de la sociedad civil.

Durante una conferencia de prensa en Santa Cruz, el presidente de la FAM, Jhonny Torres, destacó que el costo del combustible representa solo alrededor del 30% de la estructura total de costos para fijar las tarifas. Además del diésel, se deben tomar en cuenta otros factores como los salarios de los conductores, los repuestos, el mantenimiento y la renovación de los vehículos.

Torres ejemplificó que, si bien el incremento del 30% en el costo del combustible puede ser un argumento para solicitar un reajuste, es crucial que la decisión se base en un análisis de todos los elementos que afectan el costo del servicio.

Normativa vigente y participación ciudadana

La Ley General de Transporte 165 establece que cualquier ajuste tarifario debe considerar no solo los costos operativos reales, sino también aspectos como eficiencia, calidad y seguridad. Adicionalmente, se requiere que las tarifas reflejen la situación socioeconómica de los usuarios, respaldándose en estudios de costos realizados por la autoridad competente.

Torres citó el ejemplo de la Ley Municipal 117 de Tarija, que determina que cualquier modificación en las tarifas debe basarse en un estudio solicitado por el Gobierno Municipal, el cual debe incluir una hoja de costos actualizada y considerar la situación económica de la población y las condiciones del servicio. Esta norma también resalta la importancia de las opiniones de la sociedad civil en el proceso.

El presidente de la FAM concluyó que cada alcaldía debe implementar sus propias normativas y facilitar espacios para la participación tanto de transportistas como de usuarios en el proceso de fijación de tarifas. "El objetivo es alcanzar un 'justoprecio' que permita a los operadores cubrir sus costos sin descuidar la capacidad de pago de los pasajeros", afirmó.

Esta postura de la FAM se da luego de que el 18 de septiembre se eliminara la subvención estatal al diésel, un cambio que ha generado un debate significativo sobre el impacto en los costos del transporte público.

Si hay un acuerdo de la sociedad civil y el transporte, esa es la tarifa por un acuerdo social. Si eso no es así, entonces le corresponde dirimir al alcalde.