Joadel Bravo propone reformas al Código de Procedimiento Penal para combatir el crimen organizado
El exfiscal de Santa Cruz, Joadel Bravo, solicita cambios urgentes en la normativa penal para hacer frente a las organizaciones criminales que operan en Bolivia, tras recientes escándalos en el Ministerio Público.
Joadel Bravo, exfiscal departamental de Santa Cruz, ha enfatizado la necesidad de actualizar el Código de Procedimiento Penal de Bolivia, argumentando que la normativa actual no es adecuada para enfrentar el crimen organizado. Sus declaraciones se producen en un contexto de cambios significativos en el Ministerio Público, luego de la destitución del exfiscal Roger Mariaca.
En una entrevista con el programa “Qué semana” de EL DEBER RADIO, Bravo manifestó que el código está diseñado para tratar casos de delitos comunes y no para abordar la complejidad de las redes criminales que operan en el país. "Debemos aprovechar este momento para realizar un cambio", enfatizó.
La reciente suspensión de Mariaca y el nombramiento del abogado José Armando Urioste Viera como nuevo fiscal interino han revelado una serie de irregularidades en el Ministerio Público, que según el gobierno, señalan la existencia de una organización criminal vinculada con el narcotráfico. Bravo también hizo referencia a una posible conexión entre Mariaca y el narcotraficante Sebastián Marset.
Bravo expuso que existen testimonios de fiscales que fueron obligados a entregar parte de su salario a Mariaca. "Tengo la declaración de un fiscal que dijo: 'Roger Mariaca se lleva mi sueldo mensual'. Esta situación es alarmante y conocida entre los miembros del Ministerio Público", sostuvo el exfiscal.
El exfiscal también reflexionó sobre el deterioro institucional del Ministerio Público, mencionando que esto no ocurrió de la noche a la mañana. Expresó que la manipulación política ha generado un aumento en la criminalidad, haciendo que delitos como el sicariato se conviertan en algo cotidiano, sin sorprender a la población.
Con la reciente detención de Mariaca y otros exfuncionarios del Ministerio Público, el gobierno asegura que se inicia un proceso de transformación del sistema judicial que busca erradicar la corrupción y mejorar la eficacia en la lucha contra el crimen organizado.