Jhonny Fernández enfrenta cuatro procesos judiciales con restricciones migratorias y detención domiciliaria

El exalcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, se encuentra bajo la lupa de la justicia por cuatro casos relacionados con presuntas irregularidades durante su gestión. Las denuncias incluyen la supuesta compra excesivamente costosa de hospitales móviles, la manipulación del sistema tributario, malversación de fondos y la ejecución de obras inconclusas.

Fernández actualmente cumple con detención domiciliaria y enfrenta restricciones para salir del país, además de tener sus cuentas bancarias congeladas. Ayer, el exburgomaestre no pudo presentar su declaración ante la Dirección de Delitos contra la Corrupción (Delcc) por problemas de salud, en el marco de la investigación sobre el presunto sobreprecio de 2,8 millones de bolivianos en la adquisición de cuatro hospitales móviles, denuncia impulsada por la presidenta del Concejo Municipal, Luisa Nayar.

Según Nayar, durante la administración de Fernández se compraron camiones que fueron modificados para funcionar como hospitales móviles. La acusación sostiene que estos vehículos fueron pagados como si fueran unidades especializadas importadas, lo que habría derivado en un sobreprecio de 2,8 millones de bolivianos.

La Fiscalía también ha solicitado el congelamiento de las cuentas de Fernández y la activación de una alerta migratoria. Un mes atrás, el exalcalde fue convocado por el caso de malversación de fondos que ascienden a 190 millones de bolivianos, provenientes de créditos destinados a obras que no se realizaron. En este caso, también se pidió la alerta migratoria y el exsecretario de Finanzas, Mario Centellas, se encuentra actualmente en detención preventiva en Palmasola.

Los antecedentes revelan que uno de los créditos era de 124.525.630,59 bolivianos, destinado a 17 proyectos de inversión pública, y otro de 66.470.700,34 bolivianos para la construcción de un viaducto en el cuarto anillo de la doble vía a La Guardia. Además, Fernández es investigado por 11 proyectos de pavimentación que quedaron inconclusos, lo que contribuyó a su detención domiciliaria después de que lograra revertir una medida de detención preventiva que lo había llevado a Palmasola.

La Fiscalía lo investiga por presuntos delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, basándose en un informe preliminar de la Contraloría General del Estado que indica un posible daño económico de 6,7 millones de bolivianos. Un cuarto proceso se inició en julio tras una auditoría técnica que identificó irregularidades en el sistema tributario municipal, lo que llevó al alcalde Carlos Manuel Saavedra a presentar una denuncia contra Fernández, alegando que estas irregularidades ocasionaron un daño económico de 740 millones de bolivianos.

El abogado defensor de Fernández, Samuel Durán, informó que la audiencia de declaración informativa sobre el caso de los hospitales móviles ha sido reprogramada para el 10 de septiembre a las 17:00 horas, y aseguró que su cliente sufre de hipertensión arterial. Fernández sostiene que todos los procesos en su contra tienen un trasfondo político y asegura contar con las pruebas de su defensa.