Intervención de YPFB por 180 días para mejorar operaciones
El Gobierno ha decidido intervenir Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por un plazo máximo de 180 días, debido a problemas en la gestión de la cadena logística de combustibles.
El Gobierno nacional ha dispuesto la intervención temporal de YPFB por un período de seis meses, con el fin de abordar las deficiencias que se han presentado en sus operaciones y optimizar la cadena de importación y distribución de carburantes.
Esta decisión está formalizada en el Decreto Supremo 5697, que fue aprobado el 1 de septiembre. Además, se ha creado una Comisión de Intervención Estatal Extraordinaria responsable de supervisar la gestión de la empresa durante la intervención.
El plazo de intervención podría extenderse una vez por 90 días adicionales, siempre que las razones que motivaron esta medida persistan, decisión que deberá ser tomada por el Ministro de Hidrocarburos. También se contempla la posibilidad de finalizar la intervención antes de los 180 días si se logran solucionar las deficiencias.
Los fundamentos para esta intervención se basan en las deficiencias observadas en los procesos logísticos de importación y distribución de carburantes, lo que representa un riesgo para el interés público y la seguridad energética del país.
Composición de la Comisión de Intervención
La Comisión de Intervención estará integrada por los ministros de Economía, Producción, Hidrocarburos, Obras Públicas, además del Viceministro de Transparencia. Su enfoque principal será en las áreas de comercialización, logística y trazabilidad de los combustibles.
Entre los principales objetivos de la comisión se incluye la recomendación de auditorías para detectar redes de contrabando y otras irregularidades, así como identificar las responsabilidades del personal involucrado en dichos procesos.
Además, podrán sugerir la inclusión de expertos y solicitar apoyo de entidades de control para llevar a cabo la revisión de procedimientos relacionados con la importación, almacenamiento y distribución de combustibles, con el fin de corregir fallas administrativas y técnicas.
La intervención no implicará costos adicionales para el Tesoro General de la Nación, ya que los gastos generados se cubrirán con los presupuestos de las instituciones que conforman la comisión.