IBCE señala que la nueva Ley de Inversiones no será suficiente sin reformas constitucionales
Gary Rodríguez, gerente del IBCE, destaca la necesidad de cambios estructurales en Bolivia para atraer inversión extranjera, más allá de una nueva ley. Asegura que el país debe afrontar problemas de confianza y expectativas para lograr un impacto real.
El gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez, expresó en el programa Influyentes de EL DEBER que la implementación de una nueva Ley de Inversiones no es suficiente para revertir la disminución de capital extranjero en Bolivia. Según Rodríguez, el país debe realizar reformas estructurales que restauren la confianza de los inversores.
Rodríguez fundamenta su opinión en datos alarmantes sobre la inversión extranjera directa (IED) en la región. En 2025, América Latina y el Caribe atrajeron $us 194.233 millones, un incremento del 1,7% respecto a 2024, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal). En contraste, Bolivia solo captó $us 620 millones, lo que representa un escaso 0,3% del total regional, a pesar de un aumento del 73,3% en comparación con los $us 358 millones del año anterior.
El directivo del IBCE también comparó la situación de Bolivia con la de sus vecinos. Perú y Chile recibieron cifras significativamente más altas, alcanzando cerca de $us 12.000 millones y $us 15.000 millones en IED, respectivamente. Esta comparación resalta la dificultad de Bolivia para competir en la atracción de inversiones.
Rodríguez argumenta que la falta de inversiones no se debe a la carencia de recursos, ya que Bolivia cuenta con vastas reservas minerales, hidrocarburíferas, biodiversidad y tierras aptas para la agricultura y ganadería. Sin embargo, enfatiza que el país necesita resolver simultáneamente problemas económicos, de confianza y de expectativas para que cualquier nueva legislación sea efectiva.
La Cepal también subraya en su informe que la atracción de IED debe estar alineada con políticas de desarrollo productivo que dirijan la inversión hacia sectores que puedan transformar las economías de la región. El Gobierno de Rodrigo Paz se encuentra en proceso de socializar una nueva Ley de Inversiones, que se incluye dentro de un paquete de reformas relacionadas con la minería y los hidrocarburos, con el objetivo de ofrecer seguridad jurídica y atraer capital privado.
Una de las críticas más destacadas de Rodríguez se centra en las limitaciones constitucionales que afectan la inversión extranjera. Se refiere a disposiciones que obligan a las inversiones a someterse a la legislación boliviana y a la jurisdicción de las autoridades nacionales, lo que podría desalentar a los inversores ante la incertidumbre de posibles controversias.
Asimismo, destaca que en la actualidad, la Ley de Promoción de Inversiones, vigente desde 2014, no ha logrado proporcionar el marco suficiente para ofrecer previsibilidad y arbitraje internacional, aspectos que son considerados cruciales por el sector privado. Este año, la Cámara Nacional de Industrias (CNI) ha abogado por la inclusión de estos elementos en la nueva legislación para disminuir el riesgo percibido por los inversores.
Rodríguez concluyó señalando que Bolivia se encuentra en una situación paradójica: posee abundantes recursos naturales y oportunidades de diversificación, pero no logra captar una parte significativa de los capitales que llegan a la región. Para él, el foco debería estar en reconstruir las condiciones necesarias para que la inversión extranjera no solo llegue, sino que también se mantenga y expanda en el país. Además, instó a los legisladores a actuar con responsabilidad en la implementación de las reformas necesarias para evitar seguir en un ciclo de crisis económicas.