Gobierno y gobernadores sellan pacto para fortalecer autonomías departamentales
En la ciudad de Sucre, se firmó el Acuerdo 001/2026 que da inicio a la Agenda 50/50, destinada a reformar la coparticipación fiscal y ampliar la autonomía de las gobernaciones bolivianas.
Este miércoles, los gobernadores de todos los departamentos del país se reunieron con representantes del Gobierno nacional en Sucre para firmar el Acuerdo 001/2026. Este acuerdo establece un marco de trabajo bajo la Agenda 50/50, que tiene como objetivo mejorar las autonomías departamentales a través de cambios en la distribución de recursos fiscales, el régimen tributario y la gestión presupuestaria.
Uno de los puntos más destacados del pacto es la creación de una mesa técnica especializada, encargada de desarrollar un proyecto de Ley Especial de Coparticipación y Distribución de Recursos Fiscales. Este proyecto buscará alcanzar acuerdos en la actual gestión legislativa, con miras a implementar el nuevo modelo a partir de la gestión fiscal del 2027.
Además, el acuerdo incluye la evaluación de opciones para aumentar la autonomía fiscal de las gobernaciones. Esto contempla la posibilidad de reclasificar bases imponibles bajo la administración central, la creación de nuevos tributos conforme a la constitución, la implementación de sobretasas y la modificación de la Ley 154 de Clasificación y Definición de Impuestos. Se ha establecido un plazo de 90 días para la elaboración de este proyecto.
En cuanto al aspecto presupuestario, se acordó revisar las normativas que limitan el uso de los gastos departamentales y avanzar en la eliminación progresiva de las disposiciones que financian obligaciones del nivel central o de entidades que ya no existen. También se discutirán formas para que las gobernaciones incrementen su capacidad de decidir sobre sus presupuestos, aunque el Gobierno nacional mantendrá el control sobre los agregados fiscales.
El documento también menciona la revisión de normativas que han limitado las competencias constitucionales de los gobiernos departamentales, así como ajustes en las transferencias fiscales basados en criterios de sostenibilidad y equidad territorial.
La Agenda 50/50 también contempla la promoción de normas que faciliten alianzas entre el sector público y privado a nivel departamental, modificaciones a la Ley 699 para fortalecer los vínculos internacionales de las gobernaciones, y la evaluación de fondos de compensación. Asimismo, se planea la transferencia gradual de instituciones públicas que pueden ser administradas por las gobernaciones, además de implementar medidas que alivien la carga financiera, como la reprogramación de obligaciones económicas.
Para llevar a cabo estos compromisos, el Gobierno proporcionará apoyo técnico a las gobernaciones, que, a su vez, contribuirán con insumos para la elaboración de propuestas consensuadas. El Ejecutivo también ha anunciado la realización de reuniones con municipios, autonomías indígena originario campesinas y el Gobierno Regional del Chaco, con el fin de integrar estos acuerdos en el futuro Gran Acuerdo Nacional para las Autonomías.