Gobierno evalúa acciones por caso Cerimedo y tensiones por el diésel
El presidente Rodrigo Paz se reunió con su gabinete para abordar la situación del consultor detenido y la presión de productores tras el aumento del precio del diésel.
En la reunión de gabinete que el presidente Rodrigo Paz lleva a cabo los lunes, se abordaron dos temas cruciales: las implicaciones legales relacionadas con Fernando Cerimedo y las protestas generadas por el Decreto Supremo 5676, que estableció un precio diferenciado para el diésel a grandes consumidores.
Fernando Aramayo, ministro de la Presidencia, confirmó que el equipo jurídico del Gobierno está revisando las posibles acciones a seguir, aunque aún no hay decisiones concretas sobre los temas en análisis.
Cerimedo, un consultor argentino que asesoraba al Presidente, lleva 180 días en detención preventiva en Palmasola, acusado de ser el presunto autor intelectual del intento de feminicidio de Nadia Beller. Además, enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito y legitimación de ganancias ilícitas, aunque aún no ha recibido una imputación formal por parte de la Fiscalía de La Paz.
El segundo tema en discusión es el rechazo al DS 5676, que incrementó el precio del diésel a Bs 18 para grandes consumidores, mientras que para el resto se mantiene en Bs 9,80. El Gobierno defiende esta medida como un intento por disminuir el contrabando y mejorar el abastecimiento, sin embargo, los productores han señalado que esta alza podría impactar en los precios de los alimentos.
Productores de las localidades de San Juan y Yapacaní han dado un ultimátum de 24 horas para la derogación del decreto, mientras que representantes de cuatro provincias del norte cruceño han establecido un plazo de 48 horas. En caso de no recibir respuestas, planean implementar nuevas medidas de presión a partir de este martes.
La Cámara Agropecuaria del Oriente ha convocado un congreso extraordinario para el 27 de octubre en Warnes, donde se abordará exclusivamente la exigencia de anular el decreto. Klaus Frerking, presidente de esta cámara, ha calificado el decreto como una medida discriminatoria.
El diputado de Libre, Edgar Zegarra, advirtió que el Gobierno está 'sentado sobre una bomba de tiempo' y enfatizó la necesidad de un diálogo con todos los sectores para evitar que la situación se complique aún más.