Gobierno define el futuro de empresas públicas desde el martes; analistas critican los plazos
A partir del próximo martes, el Gobierno comenzará a tomar decisiones sobre las empresas estatales evaluadas, aunque los analistas advierten que el proceso será más prolongado de lo esperado.
La Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) ha completado su evaluación de las empresas estatales y el Gobierno anunció que empezará a tomar decisiones a partir del martes. Aunque se anticipa que se dará a conocer una decisión diaria, los nombres de las empresas que enfrentarán cambios aún no se revelan al público.
Pablo Camacho, director de la OFEP, indicó que el diagnóstico fue entregado al Ejecutivo el 28 de agosto y que el Decreto Supremo 5727 clarifica el procedimiento para transformar esos resultados en decisiones efectivas. Camacho mencionó que se considerará cerrar una empresa por día, pero que el anuncio completo sobre cuáles serán afectadas corresponde a la Presidencia.
El decreto en cuestión no establece cierres inmediatos, sino que prioriza la reorganización, disolución o liquidación de las empresas, dependiendo del diagnóstico de la OFEP y la decisión del Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (Coseep). Camacho señaló que el cierre legal de una empresa variará según cómo se constituyó cada entidad, indicando que en algunos casos podría requerir solo un nuevo decreto, mientras que en otros, una ley del Legislativo.
Diferencias en la evaluación de empresas públicas.
Entre las empresas evaluadas se encuentran casos complejos, como Mi Teleférico, que reportó ganancias de aproximadamente Bs 10 millones el año pasado, pero que enfrenta críticas por un posible exceso de personal. La OFEP propone una reestructuración en lugar de un cierre, considerando factores como ingresos, costos de operación y la función social del transporte por cable.
Los economistas han cuestionado la eficacia del DS 5727, argumentando que establece un camino burocrático sin resolver la situación actual de las empresas. Gonzalo Chávez, uno de los críticos, señaló que el decreto no privatiza ni liquida empresas, sino que simplemente inicia un proceso administrativo. A su vez, Dante Pino lo calificó de "anestesia jurídica", sugiriendo que las decisiones podrían tardar años en materializarse.
Samuel Doria Medina, empresario y político, criticó la tardanza en la acción del Gobierno y sugirió que la revisión de las empresas estatales debería haber sido prioritaria desde el inicio de la gestión. Propuso que no todas las empresas deberían cerrarse, sino que se deberían fortalecer aquellas que son estratégicas para el país, especialmente en el sector de recursos naturales.
El próximo martes será clave para determinar si el Gobierno comenzará a nombrar las empresas afectadas y los fundamentos detrás de sus decisiones. La expectativa es que se brinden detalles sobre los costos y plazos de estos procesos, ya que la falta de claridad podría generar más críticas sobre la gestión del Ejecutivo en este tema.