Funcionario fallecido es responsable de más de 8.000 trámites tributarios irregulares

Un usuario del Registro Único para la Administración Tributaria (RUAT) fue activado en 2024 a nombre de un funcionario que había fallecido varios años antes, lo que permitió la modificación de más de 8.000 trámites hasta mayo de 2026, informó la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra.

Carlos Schlink, secretario municipal de Administración y Finanzas, explicó que este caso fue descubierto durante una auditoría técnica y operativa que buscaba identificar irregularidades en los trámites tributarios llevados a cabo en la anterior gestión municipal.

El usuario reactivado, que había sido dado de alta por el director de la Administración Tributaria en 2024, tenía permisos para realizar modificaciones en catastro, vehículos y bienes inmuebles. Schlink detalló que las alteraciones se llevaron a cabo desde 2024 hasta un día antes de la llegada del actual alcalde, 'Mamén' Saavedra, quien asumió en mayo de este año.

El descubrimiento de este usuario es parte de una serie de irregularidades encontradas en la auditoría, que también identificó a 110 funcionarios que contaban con permisos para modificar información dentro del sistema, lo que habría permitido ajustes inapropiados en los impuestos municipales.

Las modificaciones registradas abarcan no solo bienes inmuebles y vehículos, sino también patentes municipales, facilitando alteraciones que podrían haber reducido el monto a pagar por algunos contribuyentes. La auditoría ha comenzado a revisar registros desde 2012 y 2013, aunque el foco se ha centrado en el periodo de 2021 a abril de 2026.

A la fecha, se han rectificado más de 22.000 trámites de bienes inmuebles y 15.000 de vehículos, y las denuncias pertinentes han sido presentadas, quedando a la decisión de la justicia los posibles responsables por estas irregularidades.

Schlink enfatizó que la auditoría se realizó sobre aproximadamente 450.000 bienes inmuebles y 580.000 vehículos, para comprobar cuándo se hicieron las modificaciones y determinar si los pagos realizados por los contribuyentes eran correctos.

Este caso está relacionado con una denuncia mayor sobre una presunta manipulación del sistema tributario que podría haber causado un daño económico significativo al municipio.