jueves 17 de septiembre de 2026 · Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Política

Extensión del estado de excepción podría posponer la reforma constitucional

El Gobierno boliviano proyecta prolongar el estado de excepción por 90 días adicionales, lo que impediría avanzar en la reforma de la Constitución, bloqueando su debate legislativo.

Por Paola Melgar · 11 de septiembre de 2026

El Ejecutivo está considerando extender por tres meses el estado de excepción que se encuentra en vigor desde el 20 de junio, un movimiento que podría retrasar aún más la discusión de modificaciones a la Constitución Política del Estado (CPE). Este jueves, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que debe ser sometido al pleno y, en última instancia, a la Asamblea Legislativa.

Esta decisión es especialmente significativa, dado que el artículo 140 de la CPE prohíbe iniciar reformas constitucionales mientras el estado de excepción esté en vigencia. En consecuencia, si se aprueba la prórroga, los proyectos de reforma quedarían paralizados por el tiempo que dure el régimen excepcional.

El estado de excepción fue declarado tras 53 días de bloqueos y protestas sociales. El Gobierno argumenta que persisten amenazas de nuevas movilizaciones y que ciertos sectores podrían generar inestabilidad en el país. El diputado oficialista Alejandro Medinaceli indicó que la extensión busca proteger la estabilidad lograda tras los conflictos recientes.

Sin embargo, esta medida ha suscitado críticas en el ámbito político. Jorge Quiroga, líder del partido Libre, expresó que la prórroga implica un nuevo retraso de tres meses en la discusión de una reforma que considera esencial. "Prorrogar el estado de excepción significa no abordar lo necesario durante aún más tiempo", afirmó.

La Defensoría del Pueblo también ha manifestado su preocupación, argumentando que el estado de excepción es una solución temporal que no aborda las causas estructurales de los conflictos, entre ellas la crisis de combustible y el elevado costo de vida que enfrenta la población.

De esta manera, mientras el Gobierno intenta mantener el control ante posibles nuevas protestas, la reforma constitucional se encuentra nuevamente en un punto muerto dentro del contexto político actual.