Estructura delictiva en la Fiscalía y Policía vinculada a la ‘red Roma’
Una reciente imputación revela la existencia de una red dentro del sistema judicial boliviano, implicando a fiscales de confianza y a un nexo policial en actividades de soborno y protección a criminales.
La imputación de 20 páginas detalla una compleja organización en la que se identifican roles específicos tanto en la Fiscalía como en la Policía. La red, conocida como ‘red Roma’, toma su nombre de Róger Mariaca, el exfiscal y principal implicado, actualmente bajo arresto.
Según la información recopilada por la Fiscalía, esta estructura operaba con un liderazgo fuerte, donde fiscales de confianza ocupaban posiciones clave y un enlace policial facilitaba el movimiento de dinero para sobornos destinados a proteger a grupos delictivos.
En la cúspide de esta jerarquía se encuentra Róger Mariaca, quien se desempeñó como fiscal departamental en Santa Cruz antes de ascender a fiscal general. Desde allí, habría tenido la capacidad de influir en investigaciones delicadas y asegurar que sus colaboradores tuvieran cobertura institucional.
La Fiscalía sostiene que esta red ofrecía a Sebastián Marset, un conocido delincuente, información previa sobre operativos policiales y protección a cambio de pagos que alcanzaban hasta $us 500.000 mensuales. Marset, en sus declaraciones, no dudó en reconocer su relación con Eduardo Del Castillo, otro de los implicados.
Alberto Zeballos, quien sucedió a Mariaca en la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, es descrito como uno de sus colaboradores cercanos. Fue designado para liderar una comisión que revisaba procesos judiciales contra Marset, desempeñando un rol crucial en la protección desde la Fiscalía cruceña.
Martín Irusta, nombrado fiscal superior en 2026 sin convocatoria, también es mencionado en la imputación. La Fiscalía argumenta que su designación no cumplía con los requisitos de idoneidad y que, a pesar de enfrentarse a una investigación por enriquecimiento ilícito, obtuvo un papel de coordinación en causas relevantes gracias a sus conexiones.
El mayor Rubén Aparicio ha sido señalado como el encargado de trasladar los fondos utilizados para sobornos. El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, lo identificó como un intermediario clave en el vínculo con Marset. Aparicio ya había estado en la mira por su participación en un caso de asesinato en 2022, aunque negó cualquier implicación en el crimen.
El fiscal general interino, José Armando Urioste, anunció que se revisarán estas designaciones en la Fiscalía, acusando a altos funcionarios de actuar bajo el principio de ‘amiguismo’, donde los amigos se protegen mutuamente, facilitando así la creación de esta red delictiva.
Mariaca ha desmentido las acusaciones en su contra, y su abogado, Jerjes Justiniano, ha calificado las imputaciones como motivadas políticamente, argumentando que se requiere evidencia sólida que vincule el dinero a actividades ilícitas.