El Gobierno promulga el DS 5693 que afecta el Fondo del 6% para bancos
Con la promulgación del Decreto Supremo 5693, el Gobierno busca mitigar problemas de solvencia en entidades financieras, generando preocupación sobre el uso de recursos destinados a créditos y vivienda.
El Gobierno de Bolivia, bajo la administración de Rodrigo Paz, ha aprobado el Decreto Supremo 5693, que introduce medidas temporales y excepcionales para las entidades financieras que, hasta el 31 de julio de 2026, enfrenten dificultades para cumplir con los requerimientos mínimos de solvencia a raíz de la situación económica actual.
Impacto en el Fondo Amplio de Garantía y Crédito
Uno de los aspectos más controvertidos de esta norma es la utilización temporal del Fondo Amplio de Garantía y de Crédito, creado en 2026 con el 6% de las utilidades netas de los bancos múltiples y de las entidades PYME. Este fondo tuvo como propósito original mejorar el acceso a financiamiento, incluyendo garantías para vivienda social y créditos productivos.
Con el nuevo decreto, el fondo podrá emitir Certificados de Fortalecimiento Patrimonial para aquellas entidades que se encuentren en problemas de solvencia, con una duración máxima de 90 días. Esto significa que recursos que estaban destinados a facilitar el acceso al crédito ahora se usarán temporalmente para fortalecer el patrimonio de los bancos.
Esta situación ha desatado un debate acerca de la salud del sistema financiero. Si ciertas entidades requieren de un mecanismo extraordinario para mejorar su solvencia, surge la pregunta sobre el verdadero estado del sector. Sin embargo, el decreto no implica necesariamente que exista una crisis bancaria sistémica ni que estos fondos sean utilizados para cubrir créditos incobrables.
La pregunta que queda sobre la mesa es fuerte: ¿el Gobierno está protegiendo al sistema financiero para evitar una crisis mayor o está sacrificando recursos destinados a vivienda y producción para tapar problemas de solvencia de los bancos?
El cambio de dirección en el uso de estos recursos, inicialmente destinados a facilitar el acceso a la vivienda y al financiamiento, plantea interrogantes sobre las prioridades del Gobierno en el manejo de la economía y la protección de las entidades financieras.