Economista alerta sobre limitaciones a la regulación estatal en nueva Ley de Inversiones
Martín Moreira, economista de la Red Boliviana de Economía Política, cuestiona los potenciales efectos negativos del proyecto de Ley de Inversiones en la autonomía del Estado para regular sectores estratégicos.
El economista Martín Moreira, representante de la Red Boliviana de Economía Política, ha manifestado su preocupación sobre el proyecto de Ley de Inversiones que fue enviado por el Gobierno a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Moreira advierte que esta normativa podría afectar la capacidad del Estado para regular diversas actividades, especialmente en sectores clave como la minería y los hidrocarburos.
Moreira enfatiza la necesidad de atraer inversiones tanto nacionales como extranjeras para impulsar el crecimiento económico del país, generar empleo, introducir tecnología y enfrentar la falta de divisas. Sin embargo, subraya que estas inversiones deben venir acompañadas de obligaciones claras que aseguren que una porción significativa del valor generado se quede en Bolivia.
El proyecto de ley, que cuenta con 103 artículos, presenta garantías generales a los inversionistas antes de establecer nuevas regulaciones para sectores estratégicos. Según Moreira, este enfoque podría disminuir la capacidad de negociación del Estado en actividades consideradas esenciales para el desarrollo nacional.
Además, el economista cuestiona la estabilidad jurídica a largo plazo y los mecanismos de arbitraje internacional incluidos en la ley. Expresa que las garantías ofrecidas a los inversionistas no deberían comprometer la facultad del Estado de ajustar sus políticas tributarias, ambientales o regulatorias en respuesta a nuevas realidades.
Respecto a los incentivos fiscales, Moreira sugiere que se debe analizar el impacto en la recaudación del Estado y los beneficios tangibles que se obtendrían, como el aumento de empleo, la transferencia de tecnología, las exportaciones y el desarrollo productivo.
Finalmente, el economista sostiene que la Ley de Inversiones debería enfocarse en priorizar proyectos que generen empleo formal, promuevan el uso de proveedores locales y aporten valor agregado, al tiempo que se asegure la protección de los recursos naturales, evitando que la atracción de capital conduzca a una rápida transferencia de activos del Estado.