Denuncia penal de víctimas de la Colonia Piraí contra religiosos por abuso sexual
Cinco sobrevivientes de la Colonia Piraí han presentado una denuncia en la Fiscalía cruceña, acusando a varios religiosos de crímenes graves como violación y trata de personas.
El martes, cinco víctimas de abuso sexual en la Colonia Piraí interpusieron una denuncia penal ante la Fiscalía de Santa Cruz, señalando a varios religiosos por delitos que incluyen violación de niños y adolescentes, así como trata y tráfico con fines de explotación sexual infantil. La denuncia ha sido aceptada y se ha dado inicio a las investigaciones pertinentes.
Religiosos implicados en la denuncia
Entre los acusados se encuentra el marista Fernando Rojas Silva, señalado de violación a menores, y Miguel Parrilla García, quien también enfrenta acusaciones similares. Además, el jesuita Jorge Vila Despujol está implicado en violación y trata de personas, mientras que Jan Van Putten y los hermanos Rafael y Álvaro Puente Calvo son denunciados por complicidad en estos delitos.
Los hallazgos sobre los abusos en la Colonia Piraí fueron documentados en la publicación "Las puertas del infierno", elaborada por la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes (CBS), que se presentó hace algunos meses. Wilder Flores, presidente de la CBS, enfatizó la importancia de hablar y no permanecer en silencio, mencionando que "el dolor de un niño no prescribe jamás".
La denuncia también incluye a Valentín Fargas, Juan Cartelle Deus, Maribel Otero, Javier Medina Dávila, Ineke Dibbits, y Soledad Araoz, todos ellos como víctimas. En el documento se menciona como encubridor a Sergio Gualberti Calandrina, actual Arzobispo de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, quien recibió denuncias de seis víctimas en 2019 y no tomó acción hasta el momento.
Asimismo, se hace mención a José Fuentes Cano, Secretario Adjunto de la Conferencia Episcopal de Bolivia, quien también recibió solicitudes para recibir testimonios de las víctimas y no ha actuado en consecuencia. La denuncia incluye tres agravantes: abuso de autoridad, múltiples víctimas y la implicación de personas responsables de la educación y custodia de los menores.
Es importante destacar que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional y los tratados internacionales sobre derechos humanos, las acciones legales por abusos sexuales contra menores no prescriben, lo que refuerza la búsqueda de justicia por parte de las víctimas.