Demandan acciones urgentes contra la violencia en Santa Cruz

La Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz aprobó por unanimidad una declaración que exige la implementación de medidas efectivas para enfrentar la creciente ola de criminalidad en el departamento. Se destaca la necesidad de un registro riguroso para los motociclistas y un fortalecimiento de las acciones preventivas ante hechos violentos.

Luis Alberto Ruiz, secretario de la ALD, detalló que la declaración está dirigida al Ministerio de Gobierno y propone realizar un empadronamiento de propietarios de motocicletas. Se busca también fiscalizar aquellas motocicletas que no cuenten con placas o que tengan registros falsificados, además de establecer una línea de denuncias gestionada por la Policía.

Ruiz agregó que es crucial revisar las responsabilidades relacionadas con la falta de control sobre motos robadas que se han utilizado en crímenes recientes. "La inseguridad ha pasado a ser parte del cotidiano en Santa Cruz", expresó el asambleísta.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Rodolfo Montero Torrico, anunció que el Gobierno tiene planes de implementar el registro de motocicletas y que más de 100 efectivos policiales están siendo capacitados para enfrentar el crimen organizado.

El comandante general de la Policía, Adrián Álvarez, informó que se ampliará el plan Frontera 2.0, que incluye la intensificación de operativos en las fronteras de Santa Cruz, Beni y Pando, en colaboración con las Fuerzas Armadas y otras instituciones. Este plan busca combatir el narcotráfico y el contrabando, y se anunciará oficialmente en conjunto con el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

Álvarez defendió el trabajo de la Policía al mencionar que han logrado expulsar a más de 50 integrantes de organizaciones criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV), y reafirmó que el plan original fue lanzado el 13 de agosto en Guayaramerín, Beni.

La violencia en la región es consecuencia de la lucha por el poder entre el PCC y el Comando Vermelho, un conflicto que se intensificó tras la detención de Sebastián Marset, vinculado al narcotráfico. Mientras tanto, el Grupo de Acción Financiera de América Latina (Galifat) advirtió sobre el alto riesgo de lavado de activos en Bolivia, señalando al narcotráfico y al contrabando como amenazas significativas.

Por último, se destacó que la cooperación regional es fundamental en este contexto. Bolivia y Chile han activado un mecanismo de intercambio policial y se prevén reuniones con autoridades peruanas para abordar temas de seguridad y fronteras.