Cuatro exministros enfrentan denuncia por presunto perjuicio económico de Bs 1.478 millones
El Ministerio de Defensa ha interpuesto una denuncia penal contra 19 personas, incluidos exministros, debido a irregularidades en un proyecto de defensa aérea que causó un significativo daño económico al Estado.

La denuncia penal presentada por el Ministerio de Defensa involucra a un total de 19 personas, entre las que se encuentran cuatro exministros. El monto del presunto daño económico asciende a más de Bs 1.478 millones y está vinculado a la contratación y ejecución del Sistema Integrado de Defensa y Control de Tránsito Aéreo (SIDACTA).
Los exministros implicados son Reymi Ferreira, Javier Zabaleta, Luis Fernando López y Edmundo Novillo. Además de estos, la denuncia menciona a exfuncionarios y representantes de la empresa contratista, quienes también son señalados como responsables en este caso, según la información oficial presentada.
El proyecto SIDACTA incluía la instalación de 13 radares para vigilancia civil y militar. Sin embargo, una auditoría reveló que, de estos, únicamente dos estaban operativos sin observaciones, mientras que nueve funcionaban con observaciones y dos no estaban operativos en absoluto.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, explicó que el contrato original fue firmado en 2016 con la empresa francesa Thales, estableciendo un plazo de ejecución de 31 meses. Sin embargo, las pruebas iniciales se realizaron después de 82 meses, lo que evidencia graves retrasos, además de la aprobación de siete modificaciones al contrato.
La Procuraduría General del Estado ha manifestado su apoyo a las acciones legales y solicitará al Ministerio Público que investigue los hechos denunciados. También se prevé pedir la anotación preventiva de los bienes de los denunciados para proteger el patrimonio estatal.
Es importante señalar que la presentación de esta denuncia no implica una condena, y serán las investigaciones las que determinen el alcance de las responsabilidades y las cifras finales relacionadas con este caso de corrupción.
La denuncia no equivale a una sentencia condenatoria.