Conflictos internos en la Asamblea retrasan designación del nuevo fiscal general
Las tensiones en el Senado y la Cámara de Diputados, especialmente en la bancada de Libre, complican el proceso para elegir al nuevo fiscal general del Estado, cuyo interinato finaliza el próximo enero.
La designación del nuevo fiscal general del Estado se encuentra en un impasse debido a disputas por las directivas que rigen la Asamblea Legislativa. Los plazos para conformar las nuevas directivas camarales y para el inicio del periodo legislativo 2026-2027 son inminentes, ya que deben cumplir con las formalidades antes de las sesiones preparatorias programadas para los primeros días de noviembre.
Las tensiones se han incrementado en los últimos días del primer periodo legislativo, con acusaciones mutuas entre los miembros de la bancada opositora de Libre. A día de hoy, no ha habido avances significativos en la selección de un nuevo fiscal, a pesar de que el actual interino, José Armando Urioste, asumió el cargo hace 18 días y su mandato finaliza el 4 de enero de 2027.
Los legisladores han hecho eco de la falta de progreso y han instado al presidente de la Asamblea, Edmand Lara, a convocar a una sesión para avanzar en la conformación de la Comisión mixta de Justicia necesaria para llevar a cabo la elección del nuevo fiscal.
División en la bancada de Libre y tensiones por los cargos.
La bancada de Libre se ha fraccionado en dos grupos: los 'orgánicos', leales a Jorge Tuto Quiroga, que han elegido a Lissa Claros como su jefa, y los 'disidentes', a cargo de Rafael López, compuestos por miembros de Demócratas y el FRI. Ambos grupos se consideran legítimos y esperan la aprobación de la directiva camaral para obtener los puestos que reclaman en la segunda vicepresidencia y la segunda secretaría.
En cuanto a la presidencia de la Cámara de Diputados, el nombre de Roberto Castro se perfila como el único confirmado para continuar en el cargo, aunque enfrenta denuncias de nepotismo. En el Senado, Diego Ávila se proyecta para una segunda gestión.
La situación actual ha llevado a la creencia de que la elección del nuevo fiscal debería ser responsabilidad de las nuevas directivas y comisiones, que se integrarán a partir de la nueva legislatura. Claros expresó que, de haber voluntad, podría convocarse a la elección en la primera semana del nuevo periodo legislativo, evitando que intereses particulares influyan en el proceso.
Por su parte, la diputada Claudia Bilbao, del PDC, también enfatizó la necesidad de que las nuevas directivas se encarguen de la elección del nuevo fiscal, sugiriendo que las comisiones de Justicia y Constitución deben ser las que gestionen el proceso.