Comité Cívico confía en que unificación del diésel acabe con desabastecimiento
El Comité Cívico Pro Santa Cruz se pronunció sobre la nueva normativa que establece un precio único para el diésel, destacando la necesidad de que esto resuelva la escasez en las estaciones de servicio.
Luego de que se anunciara el Decreto Supremo que elimina la subvención al diésel y establece una tarifa única, el Comité Cívico Pro Santa Cruz compartió su opinión sobre esta medida. Su presidente, Stello Cochamanidis, consideró que la unificación del precio responde a una demanda del sector productivo, aunque subrayó que lo prioritario es que el combustible vuelva a estar disponible en los surtidores del país.
Desde una estación de servicio donde no hay diésel, Cochamanidis enfatizó la urgencia de que esta regulación se traduzca en una solución real para evitar las largas filas de vehículos. "Es positivo que se establezca un solo precio para el diésel, que es lo que se ha estado pidiendo. Ahora, necesitamos que el combustible esté disponible para que las actividades puedan reanudarse", afirmó.
Propuestas de reforma en la distribución de hidrocarburos
Más allá de la unificación de precios, el Comité Cívico Pro Santa Cruz propuso una reforma profunda en la distribución de hidrocarburos. Solicitaron que Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) limite su función a la prestación de servicios a los importadores y comercializadores privados, cuestionando también el rol de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en el control del sistema.
"Ambas instituciones han sido las más grandes fuentes de corrupción", declaró Cochamanidis, refiriéndose a YPFB y ANH.
El presidente del Comité Cívico también criticó las recientes transferencias de recursos públicos a YPFB, instando al Gobierno a permitir que el sector privado asuma el abastecimiento nacional sin que se sigan utilizando fondos estatales. Resaltó que los recursos asignados a la petrolera estatal han pasado de 3.000 a 6.000 millones, cuestionando el objetivo de estos incrementos.
Cochamanidis concluyó que es esencial que YPFB actúe como un prestador de servicios para el sector privado, garantizando así la disponibilidad de combustible en todo el país y evitando el uso indebido de los recursos del erario público.