viernes 18 de septiembre de 2026 · Santa Cruz de la Sierra, Bolivia
Policial

Caso de planta piscícola involucra a ex gerente de Emapa y Luis Siles recibirá cuatro meses de detención

La investigación por presunta corrupción en la ejecución de la planta piscícola en el Lago Titicaca afecta a varios funcionarios, incluyendo al ex gerente de Emapa y al ex viceministro de Políticas de Industrialización.

Por Richard Vaca · 22 de agosto de 2026

Las denuncias sobre corrupción en la gestión del expresidente Luis Arce continúan creciendo, particularmente en relación al proyecto de la planta piscícola en el Lago Titicaca. El ex viceministro Luis Siles Castro ha sido enviado a la cárcel de San Pedro por un periodo de cuatro meses debido a las acusaciones en su contra, las cuales implican un presunto daño económico que supera los 44 millones de bolivianos.

El fiscal Wilson Medrano confirmó que en el marco de las investigaciones se ha identificado a varias personas involucradas, incluyendo a Franklin Flores, ex gerente de Emapa, quien también está bajo investigación. Medrano indicó que se convocará a otros miembros del directorio para que den explicaciones sobre su participación en los hechos relacionados con el caso.

La audiencia para determinar las medidas cautelares resultó en la decisión de mantener a Siles en detención preventiva, lo que refleja la seriedad de las acusaciones. Este ex funcionario ya se encuentra en San Pedro, donde cumple una medida similar por otro caso de corrupción que involucra al Fondo Indígena.

Según la Fiscalía, el avance del proyecto de la planta piscícola es alarmante, ya que mientras el Estado pagó un 80% del costo a la empresa contratista, solo se logró completar un 40% del trabajo. Luis Siles, en su calidad de presidente del directorio de Emapa, tenía la responsabilidad de supervisar y auditar el progreso de la obra, lo que agrava aún más su situación legal.

Las investigaciones se iniciaron a raíz de una denuncia presentada por la administración actual de Emapa, en colaboración con el Ministerio de Desarrollo Productivo, Rural y Agua, la Procuraduría General del Estado y el Ministerio de la Presidencia. En total, más de ocho personas están bajo investigación en este caso, seis de las cuales ya tienen imputación formal y cuatro enfrentan medidas cautelares.