Bolivia se prepara para un cambio en las subvenciones de combustibles
El Gobierno enfrenta un plazo de tres meses para implementar reformas económicas y terminar con la subvención a los combustibles, en el marco de un acuerdo con el FMI.
El país inicia una nueva etapa de su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), donde deberá cumplir con diversas reformas y alcanzar metas económicas antes de acceder a $us 1.900 millones. Este proceso, que se extenderá por 36 meses, representa el regreso de Bolivia a un acuerdo plurianual tras dos décadas.
Reformas necesarias y plazos a cumplir
El programa tiene como finalidad mejorar las finanzas públicas, aumentar las reservas internacionales, controlar la inflación y reactivar el crecimiento económico. Sin embargo, los fondos no servirán para financiar la subvención de combustibles ni cubrir gastos corrientes del Estado.
Una de las decisiones más críticas será eliminar la subvención a los combustibles en enero de 2027, obligando a que los precios reflejen los costos reales. El presupuesto del Estado para ese año no incluirá recursos públicos para continuar con esta política, enfatizó el viceministro del Tesoro, Óscar Navarro.
"Esperemos que hasta fin de año ya no se tenga esta subvención regresiva"
El presidente Rodrigo Paz anunció que se avecinan decisiones complejas, destacando que se priorizará la inversión en el desarrollo de infraestructura sobre las subvenciones. "Prefiero invertir en refinación que en subvención", subrayó durante un evento en una refinería en Santa Cruz.
El Gobierno también se ha comprometido a ampliar la asistencia social para hogares en situación vulnerable. Se prevé invertir al menos Bs 9.300 millones en programas de apoyo hasta diciembre de 2026 y establecer un registro social para identificar a las familias que requieran compensaciones por el ajuste en los precios de los combustibles.
Las metas económicas del programa incluyen elevar las reservas internacionales de aproximadamente $us 3.170 millones a $us 5.940 millones para finales de 2026, y reducir el déficit fiscal del 9,1% del PIB en 2026 a 3,8% en 2028. Para esto, el Gobierno deberá ajustar la masa salarial estatal y reestructurar empresas públicas que no sean sostenibles.
El FMI supervisará los avances cada tres meses, evaluando diversos indicadores económicos. Este acuerdo también podría facilitar la obtención de más de $us 5.000 millones de otras instituciones financieras internacionales, aunque no todos los fondos serán de libre uso, sino que estarán vinculados a proyectos específicos.