Bolivia inicia proceso legislativo para acceso a $us 1.900 millones del FMI
El proyecto de ley para un acuerdo de financiamiento con el FMI ya se encuentra en la Asamblea, enfrentando críticas por las reformas económicas vinculadas a la reducción de subsidios y la crisis de combustibles.
El acuerdo que contempla un financiamiento de $us 1.900 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ha sido presentado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), siendo asignado a la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados para su análisis. Este acuerdo, que abarca un periodo de 36 meses, fue alcanzado a nivel técnico el 29 de julio y requiere la aprobación tanto de la Asamblea como del Directorio Ejecutivo del FMI para hacerse efectivo.
Rodrigo Antonio, segundo vicepresidente de la Cámara de Diputados, confirmó que se ha dado lectura al proyecto y que se procederá a su análisis en la comisión correspondiente. Este préstamo busca apoyar un programa integral de reformas económicas.
Cabe aclarar que la diferencia entre los $us 1.900 millones y los 1.369 millones de Derechos Especiales de Giro (DEG) se debe a que esta última es la unidad de cuenta del FMI y su conversión a dólares depende de su valor en la canasta de monedas.
El presidente Rodrigo Paz ha destacado que la aprobación del financiamiento facilitaría la apertura de nuevas fuentes de recursos, y el Gobierno espera que el programa del FMI pueda movilizar hasta $us 5.000 millones adicionales a través de otros organismos internacionales, como el Banco Mundial y el BID.
Objetivos del financiamiento
El Gobierno ha señalado que uno de los objetivos principales del uso de estos recursos será fortalecer las Reservas Internacionales y mejorar la disponibilidad de divisas en un contexto en que el tipo de cambio está en proceso de flexibilización. El ministro de Economía, Christian Morales, mencionó que estos fondos ayudarían a asegurar el flujo de dólares en el mercado y estabilizar el tipo de cambio.
Sin embargo, el FMI ha indicado que el acuerdo implica reformas económicas significativas, incluyendo medidas para lograr la sostenibilidad fiscal y reconstruir las reservas, lo que ha generado un debate político considerable.
La controversia más notable se centra en la reducción del subsidio al diésel, lo que ha generado críticas de diversas organizaciones sociales y empresariales. Muchos cuestionan que el Gobierno esté implementando cambios en el precio del combustible antes de contar con la aprobación del acuerdo por parte del Legislativo.
En Santa Cruz, representantes de diversas agrupaciones han exigido mayor claridad sobre las condiciones asociadas al acuerdo. Las protestas recientes relacionadas con el abastecimiento de combustibles y el incremento de su precio reflejan un creciente descontento social que podría influir en el apoyo al programa del FMI.
A medida que se aproxima la votación del proyecto, la oposición al acuerdo va en aumento. Organizaciones cívicas y sociales han acordado demandas para mitigar el impacto del aumento de costos, especialmente en el sector de los combustibles, lo que podría intensificar la presión sobre el Gobierno.