Asambleístas critican al Gobierno por la violencia en San Ignacio y cuestionan el plan Fronteras Seguras

La preocupación por la inseguridad en San Ignacio de Velasco se intensificó tras el reporte de dos hombres acribillados este domingo. Asambleístas de Santa Cruz pidieron que se refuercen las medidas de seguridad en la región y manifestaron dudas sobre la efectividad del plan Fronteras Seguras, en medio de un aumento de la violencia en el municipio.

Natasha Castedo Mello, asambleísta departamental por San Ignacio, expresó su desconfianza en el plan Fronteras Seguras del Gobierno nacional, argumentando que no ha habido cambios significativos desde su implementación. "Para nosotros, el plan es un mito. No ha alterado en nada la situación en el municipio", señaló en declaraciones a EL DEBER.

La legisladora indicó que la comunidad está “en zozobra” debido a la creciente violencia y mencionó la aparición de marcas en viviendas y escuelas, que se cree están relacionadas con grupos criminales brasileños. Esto ha generado temor entre los padres de familia, quienes se muestran reticentes a enviar a sus hijos a la escuela.

Castedo también criticó la cantidad de efectivos policiales asignados a San Ignacio, sugiriendo que la Policía necesita un mayor fortalecimiento para enfrentar la crisis de seguridad. "No contamos con el número suficiente para lo que está ocurriendo y vemos poca respuesta del Gobierno", afirmó.

María René Álvarez, presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz, también se pronunció sobre la situación en San Ignacio, denunciando la falta de presencia del Gobierno y la Policía en las áreas fronterizas. "¿Hasta cuándo normalizaremos la violencia? La situación ha pasado de las fronteras a las calles y ahora afecta a nuestras casas", expresó en sus redes sociales.

Álvarez consideró que el plan Fronteras Seguras es insuficiente y propuso endurecer las acciones contra las organizaciones criminales, sugiriendo incluso la militarización de las zonas con alta actividad delictiva.

Por último, Castedo reveló que se ha solicitado una declaratoria de emergencia para los municipios fronterizos afectados y que espera que esta propuesta sea tratada en la próxima sesión de la Asamblea Legislativa Departamental. La falta de competencias de las autoridades locales sobre la Policía limita la capacidad de respuesta ante la violencia, que sigue preocupando a los habitantes de San Ignacio.