Análisis del operativo que llevó a la captura de Róger Mariaca
El abogado William Herrera destaca cuatro aspectos clave sobre la aprehensión del fiscal general del Estado y las implicaciones legales del caso que involucra a un capo uruguayo.
Róger Mariaca asumió el cargo de fiscal general del Estado el 24 de octubre de 2024, con un mandato que se extendía hasta el 24 de octubre de 2030. Sin embargo, su detención, junto a al menos 14 personas conectadas con el narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, ha generado un gran revuelo en el ámbito jurídico boliviano.
El abogado William Herrera identificó cuatro particularidades en este operativo. Primero, considera que es un hecho sin precedentes en la historia de Bolivia, ya que es raro que un fiscal general sea aprehendido. Aclaró que, aunque la legalidad de la aprehensión es cuestionable, considera que hay fundamentos para sostener que fue legal debido a las circunstancias que rodean el caso.
La segunda particularidad que subrayó Herrera es el descubrimiento de dinero tanto en la residencia de Mariaca como en la de su asistente, lo cual complicó aún más la situación del fiscal general. Además, destacó que se trató de un caso que involucró una acción directa de la Policía, aunque los hallazgos se realizaron después de la aprehensión.
El tercer punto abordado es la cuestión de la suplencia del fiscal general. Herrera aseguró que, en caso de ausencia del fiscal general, corresponde que el fiscal departamental de Chuquisaca asuma el cargo. Criticó el nombramiento de Luis Montaño como sucesor, argumentando que no sigue el protocolo histórico que establece la Ley Orgánica del Ministerio Público (Ley 260).
Según Herrera, el reemplazo debe recaer naturalmente en el fiscal departamental de Chuquisaca, que actualmente es Alexander Mendoza, aunque se encuentra fuera del país. Esta norma asegura que, en ausencia del fiscal general, debería ser el fiscal de Chuquisaca quien asuma la responsabilidad, y solo si no hubiera uno disponible, se elegiría al fiscal más antiguo.
Finalmente, el abogado fue enfático al afirmar que el presidente Rodrigo Paz no tiene la autoridad para designar un fiscal interino mediante un decreto mientras se lleva a cabo el proceso de elección de un nuevo fiscal por parte de la Asamblea. Mariaca, con menos de dos años en el cargo, enfrenta una inminente destitución tras su aprehensión.