Ampliación del estado de excepción retrasa la reforma constitucional en Bolivia
La prórroga del estado de excepción, vigente desde el 19 de septiembre, pospone el tratamiento de reformas a la Constitución hasta 2027, con un referéndum programado para 2028.

La Asamblea Legislativa ha recibido al menos seis iniciativas de reforma constitucional. Sin embargo, el Gobierno ha indicado que se deben cumplir ciertos objetivos antes de proceder con estos cambios y la implementación de nuevas medidas en el país.
La extensión del estado de excepción, aprobada el 17 de septiembre con 100 votos a favor, se extenderá por 90 días, desde el 19 de septiembre hasta el 17 de diciembre. Esta medida fue solicitada por el Ejecutivo mediante el decreto presidencial 5707 debido a la amenaza de disturbios por parte de grupos radicales.
Diego Ávila, presidente del Senado, estimó que el proceso de reforma constitucional no podrá iniciarse antes de finales de 2027, y el referéndum para que la población vote sobre los cambios se llevaría a cabo entre septiembre y octubre de 2028.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, defendió la necesidad del estado de excepción al afirmar que el país aún necesita lograr ciertas metas sociales y económicas. Según él, esta medida es crucial para garantizar la estabilidad en el país.
La Constitución prohíbe explícitamente iniciar reformas mientras haya un estado de excepción vigente, lo que significa que no se podrán tratar los proyectos de ley relacionados en ninguna instancia legislativa.
Algunos legisladores de la oposición prevén serias consecuencias para el país debido a esta prórroga. José Manuel Ormachea, senador de Libre, advirtió sobre posibles crisis, como apagones y escasez de recursos energéticos si la reforma se retrasa.
Mientras tanto, el diputado Carlos Alarcón destacó que la postergación de la reforma constitucional afectará las inversiones, especialmente en el sector energético, lo que podría llevar al país a una crisis de abastecimiento de gas.
A pesar de las restricciones, Ávila aseguró que se puede avanzar en el trabajo preparatorio para las reformas, como la creación de mesas técnicas que aborden temas clave como las autonomías y el pacto fiscal, aunque el proceso oficial no podrá iniciarse hasta que se levante el estado de excepción.
Carlos Börth Irahola, experto en derecho constitucional, reiteró que no se puede proceder con la reforma constitucional mientras el estado de excepción esté en vigor. Sin embargo, sugirió que los legisladores pueden trabajar en la concertación política de manera informal para preparar el terreno para futuras discusiones.