Alcaldía de Santa Cruz exige regularización de deudas tributarias antes de publicar nombres
Los contribuyentes que se beneficiaron de ajustes irregulares en impuestos tienen hasta el 31 de agosto para regularizar su situación o enfrentarán la publicación de sus nombres y acciones legales.
La Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra ha establecido un plazo hasta el 31 de agosto para que aquellos contribuyentes que se beneficiaron de ajustes incorrectos en su deuda tributaria reintegren los montos adeudados. De no hacerlo, la administración municipal hará pública la lista de deudores y procederá con acciones legales de cobro.
Carlos Alberto Versaín, director de Recaudaciones, informó que una auditoría reciente reveló más de 22.000 casos de manipulación en el sistema de recaudaciones del impuesto sobre bienes inmuebles, lo que ha causado un daño económico al municipio que supera los 570 millones de bolivianos.
"A partir de la fecha límite, procederemos a publicar los nombres de los deudores y comenzaremos con los procesos de fiscalización y cobranza coactiva", declaró la autoridad municipal.
Versaín también explicó que las deudas que habían sido rebajadas de manera indebida han sido recalculadas a su valor real y registradas nuevamente en el sistema para su cobro correspondiente.
Las acciones legales que el municipio podría emprender contra los deudores que no regularicen su situación incluyen el bloqueo de cuentas bancarias, la anotación de hipotecas y el remate de bienes.
En cuanto a la responsabilidad de los exfuncionarios, una investigación llevada a cabo por una comisión compuesta por abogados, auditores e ingenieros ha identificado a más de 100 exfuncionarios implicados en la manipulación del sistema de recaudaciones. Versaín precisó que el sistema permite rastrear las acciones de cada usuario, registrando fecha, hora y modificaciones realizadas.
La denuncia correspondiente ya ha sido formalizada por la Alcaldía para iniciar los procesos penales, civiles y administrativos necesarios. Además, se anticipa que dentro de dos semanas se concluirá una auditoría relacionada con los impuestos a vehículos y patentes, la cual podría revelar un perjuicio económico adicional.