Acuerdo político para reformar la Constitución en medio de la crisis económica
Un pacto entre legisladores busca acelerar la reforma parcial de la Constitución, enfocándose en mejorar las condiciones para las inversiones y otros aspectos clave del sistema nacional.
El presidente del Senado, Diego Ávila, anunció la formación de un primer acuerdo político que busca facilitar una reforma parcial de la Constitución Política del Estado (CPE). Esta iniciativa cuenta con el respaldo de diversas bancadas y tiene como objetivo prioritario abordar cambios que favorezcan la inversión en el país.
Ávila, junto al diputado Carlos Alarcón de la bancada de Unidad, quien impulsa uno de los proyectos de reforma, se comprometió a buscar el procedimiento más ágil para llevar a cabo la modificación. Durante una conferencia, Ávila destacó: “Estamos con un acuerdo, con la voluntad de poder impulsar el proceso y el procedimiento más rápido que nos permita encarar el tema de la reforma constitucional.”
La propuesta incluye abrir el debate sobre reformas en áreas como el sistema judicial, las autonomías y el régimen electoral, además de los aspectos económicos. En este contexto, el 14 de agosto, Alarcón presentó su proyecto a la Asamblea Legislativa, y el 19 de agosto, el presidente de la Asamblea, Edmand Lara, lo envió a la Comisión Mixta de Constitución.
El siguiente paso en el proceso será la consideración de este proyecto por la Comisión de Constitución del Senado. Si es aprobado, pasará al pleno de la Cámara Alta y luego a la Cámara de Diputados, donde se seguirá un procedimiento similar. Según Alarcón, la fase inicial se centra en determinar la necesidad y el alcance de la reforma constitucional.
El artículo 411 de la CPE establece que una reforma parcial puede ser promovida por la Asamblea mediante una ley que debe ser aprobada por dos tercios de los miembros presentes. Posteriormente, la modificación debe ser sometida a un referéndum para que la ciudadanía decida su aprobación o rechazo.
Aunque el proyecto ha ganado apoyo en la agenda legislativa, ha generado también críticas. Diego Brañez, jefe de bancada de Súmate, subrayó la importancia de priorizar los proyectos de reforma constitucional ante la actual crisis económica. Por su parte, la diputada oficialista Claudia Bilbao aboga por avanzar primero en la Ley de Inversiones, considerando vital facilitar la llegada de nuevos capitales al sector hidrocarburífero.
“Esta Constitución ha sido armada para ideologizar un país, pero necesitamos leyes más urgentes, como la Ley de Inversiones”, afirmó Bilbao.
Bilbao agregó que si se abre el debate sobre la Constitución, este no debería limitarse únicamente al ámbito económico, sino que también debería considerar otros aspectos fundamentales como el sistema electoral y la educación, resaltando la necesidad de ajustes desde el Tribunal Supremo Electoral.