Irregularidades en proyecto de YLB superan los $us 24 millones

La Procuraduría General del Estado ha denunciado la existencia de presuntas irregularidades en un proyecto de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), cuyo monto asciende a más de $us 24,3 millones. El procurador Hugo César León La Faye señaló que el proyecto no se encuentra en funcionamiento en la actualidad.

León explicó que el informe, resultado de un trabajo conjunto con YLB, detalla diversas anomalías en el proceso de contratación y sugiere posibles responsabilidades para los funcionarios involucrados. Se han encontrado indicios de que podrían haberse desviado o malversado recursos públicos.

El procurador mencionó varios puntos críticos, como la modificación de criterios de evaluación de propuestas tras su apertura y la asignación de puntajes sin el respaldo adecuado. Esto generó un proceso evaluativo basado en criterios considerados como "totalmente subjetivos".

Otro aspecto señalado es la falta de certificación presupuestaria, lo que significa que el proceso no contaba con la validación necesaria para garantizar la disponibilidad de recursos. Adicionalmente, se acusó de una posible "adjudicación predeterminada" en los contratos.

En cuanto a las ofertas, se identificó que la empresa Germex fue la seleccionada para el contrato, mientras que otra propuesta fue descartada de forma arbitraria. La diferencia de costos entre ambas ofertas alcanzó los $us 874.251.

León destacó que el daño al Estado va más allá de esta diferencia de precios, ya que el costo total del proyecto, que supera los $us 24 millones, no está generando los resultados esperados. El análisis sugiere que el perjuicio involucra también los recursos invertidos en una infraestructura que no está rindiendo frutos.

Finalmente, el procurador anunció que los hallazgos serán entregados al Ministerio Público para la correspondiente evaluación y determinación de responsabilidades. Además, se espera que, una vez identificados los responsables, se tomen medidas para proteger los bienes del Estado en caso de que se confirme un daño económico.