Gary Prado plantea una reforma profunda en el Ministerio Público
El abogado Gary Prado Arauz considera que los recientes cambios en el Ministerio Público ofrecen una oportunidad para recuperar la confianza ciudadana y proponer una renovación en el sistema de justicia boliviano.
Gary Prado Arauz, abogado y analista, expresó que los cambios recientes en el Ministerio Público generan optimismo y sugirió la necesidad de una renovación significativa en la institución para restaurar la confianza de la ciudadanía y de los abogados litigantes.
Prado Arauz criticó la gestión del exfiscal general Róger Mariaca, indicando que habría implementado un sistema de recaudación en el Ministerio Público que obligaba a los fiscales a cumplir con cuotas mensuales que rondaban entre 5.000 y 10.000 dólares.
El analista aseguró que este esquema había corrompido profundamente al Ministerio Público y que algunos funcionarios se vieron forzados a recurrir a prácticas de extorsión para alcanzar las metas establecidas.
Prado Arauz consideró que estas acusaciones han dañado la credibilidad de la Fiscalía, haciendo que muchos sientan que no solo es necesario tener la razón para acceder a la justicia, sino también disponer de recursos económicos.
Cambios esperanzadores pero insuficientes
Sobre el nombramiento del fiscal general interino, José Armando Urioste Viera, Prado Arauz lo describió como un individuo de conducta "intachable" y manifestó que su llegada representa un rayo de esperanza, aunque señaló que esto no es suficiente para lograr una transformación completa en la Fiscalía.
El abogado sugirió que es necesario despedir a varios fiscales implicados en el esquema de corrupción y dar oportunidad a aquellos funcionarios que, por su integridad, han sido marginados.
Prado Arauz mencionó el caso del exfiscal Marcelo Soza, implicado en la investigación del caso Terrorismo, señalando que habría recaudado más de cuatro millones de dólares a través de un sistema de extorsión, donde se pedía dinero para evitar consecuencias en las investigaciones.
Finalmente, propuso que es esencial crear un mecanismo seguro para que ciudadanos y abogados puedan denunciar actos de corrupción y extorsión dentro del Ministerio Público, para así recuperar la confianza en la justicia boliviana.