Crisis en el sector de la construcción se agudiza tras el aumento del diésel
La construcción enfrenta un fuerte retroceso del 27,3% en el primer semestre, en medio de un aumento del costo de materiales y combustibles, lo que genera un clamor por ajustes en los contratos públicos.
El sector constructor de Bolivia atraviesa una crisis significativa tras un descenso del 27,3% en su actividad durante los primeros seis meses del año. A este panorama desalentador se suma el reciente incremento del precio del diésel, que pasó de Bs 9,80 a Bs 17,95, encareciendo aún más los costos de construcción.
Según estimaciones de las cámaras del sector, el costo de las obras ha aumentado entre un 50% y un 60% en comparación con el año pasado. Este incremento se debe, además del alza en los combustibles, a la escalada de precios de los materiales de construcción y dificultades para acceder a divisas.
Demandas del sector constructor
Los representantes de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco) y otros grupos del sector han solicitado la implementación de un mecanismo de actualización automática en los contratos de obras públicas. Ellos argumentan que es vital para evitar la paralización de proyectos y garantizar el cumplimiento de los mismos.
"Las empresas constructoras quieren seguir trabajando, generar empleo, pagar impuestos y contribuir al desarrollo de Bolivia. Para ello, requieren condiciones que les permitan cumplir los contratos y concluir las obras", expresó un pronunciamiento de Caboco.
El presidente de Caboco, Jaime del Llano, resaltó que aunque era necesario eliminar la subvención al diésel, esta medida debe ir acompañada de ajustes de precios en los contratos en curso y futuros. Del Llano menciona que las condiciones han cambiado drásticamente desde que se firmaron muchos contratos, cuando el diésel cotizaba a Bs 3,72 y el dólar a Bs 6,96.
Se ha propuesto una fórmula polinómica para el reajuste de precios, que permite calcular variaciones en los costos de materiales, mano de obra, maquinaria y combustibles. Esta metodología ya ha sido adoptada por otros países y organismos internacionales, y busca establecer un reajuste automático más eficaz.
La situación de deuda acumulada de las entidades públicas también ha sido señalada como una preocupación. Muchos constructores han reportado que sus deudas han crecido desde el último reajuste de precios, generando serias dificultades de liquidez para las empresas del sector.
Finalmente, se ha indicado que más del 70% de los proyectos están actualmente paralizados, a la espera de que se implementen los ajustes necesarios. Diversas cámaras del sector han reportado que muchas obras están en riesgo de suspensión o terminación si la situación no se resuelve de manera urgente.