Soboce enfrenta orden judicial de pago de Bs 744 millones a Fancesa
La cementera Soboce ha recibido un requerimiento judicial para abonar una suma de más de 744 millones de bolivianos a Fancesa. La empresa cuestiona el fallo y continúa con su defensa legal.
La Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) fue notificada con una orden de pago por Bs 744.315.432 que debe realizar a la Fábrica Nacional de Cemento (Fancesa). Este requerimiento fue emitido por el Juzgado Público Civil y Comercial 11 de Sucre, otorgándole a Soboce un plazo de 20 días para cumplir con el pago.
Soboce ha hecho pública su intención de impugnar esta decisión, indicando que todavía existen recursos constitucionales pendientes de resolución. La empresa ha informado al mercado de valores sobre esta situación y asegura que mantendrá su defensa ante las instancias judiciales.
El requerimiento de pago es consecuencia de un proceso por competencia desleal. En junio de 2026, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) desestimó un recurso de casación interpuesto por Soboce y ratificó la sentencia que ordena el pago a Fancesa. Sin embargo, la empresa sostiene que esta sentencia está bajo revisión constitucional.
Además, Soboce ha interpuesto una solicitud ante la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, buscando una medida cautelar que detenga la ejecución del pago. La empresa también ha presentado una queja respecto a un incumplimiento de la Resolución Constitucional 136/2025, que había anulado una anterior resolución del TSJ.
La cementera cuestiona los criterios utilizados para calcular los daños y critica la aplicación del concepto de 'daño al proyecto de vida' en favor de una empresa comercial, un punto que será evaluado en las instancias judiciales correspondientes.
Soboce advierte que el cumplimiento de esta orden de pago podría impactar negativamente en su liquidez, sus inversiones y su capacidad para cumplir con obligaciones hacia trabajadores, proveedores y entidades financieras. La empresa también tiene un litigio pendiente por la expropiación de acciones en Fancesa que ocurrió en 2010, por la cual el Estado aún no ha realizado el pago correspondiente.
Por último, Soboce está analizando la posibilidad de iniciar nuevas acciones legales a nivel nacional, así como la opción de recurrir a un arbitraje internacional para defender sus intereses y proteger los derechos de su personal.