Gobernaciones bolivianas en estado de alerta ante el Gobierno por la Agenda 50/50
Ocho de las nueve gobernaciones del país han declarado estado de alerta, exigiendo que el Gobierno cumpla con los acuerdos de la Agenda 50/50 antes del 31 de octubre de 2026.
En una asamblea realizada el 24 de septiembre, los representantes de las gobernaciones de Bolivia firmaron una declaración en la que se declaran en estado de alerta, exigiendo al Gobierno central que cumpla con los compromisos establecidos en la Agenda 50/50 antes del 31 de octubre de 2026. La reunión tuvo lugar en la sede de la Gobernación de Santa Cruz.
El documento enfatiza que la distribución equitativa de los ingresos fiscales es fundamental para lograr una verdadera autonomía financiera en el país. En este sentido, las gobernaciones han presentado varias demandas que consideran urgentes para garantizar la sostenibilidad de sus competencias.
Principales exigencias de las gobernaciones
- Exigen la transferencia del 15% de coparticipación tributaria según la Ley Marco de Autonomías, sin afectar los presupuestos de municipios, autonomías indígenas ni universidades.
- Demandan compensaciones extraordinarias del Tesoro General de la Nación por el aumento de costos debido a la eliminación de subvenciones al diésel.
- Solicitan la devolución del 12% del IDH del Fondo de Incentivo a la Exploración y Explotación de Hidrocarburos, así como la suspensión de débitos automáticos en curso.
- Piden la activación del Fondo Fideicomiso (FAGOBOL) para el desembolso rápido de recursos financieros.
Además, las autoridades subnacionales destacan la necesidad de tramitar de manera prioritaria tres proyectos de ley en la Asamblea Legislativa: la modificación de la Ley N° 154 de Clasificación de Impuestos, la Ley de Fortalecimiento y Garantía de la Autonomía Económica y la Ley Básica de Relaciones Internacionales para gobiernos autónomos.
El documento establece que debe iniciarse de inmediato el tratamiento coordinado de estos proyectos con los nueve gobiernos autónomos departamentales, marcando el 31 de octubre como fecha límite para comprobar los avances logrados por parte del Gobierno central.