Gobernadores se declaran en alerta y exigen respuestas al Gobierno
Las autoridades departamentales demandan atención a sus requerimientos sobre el diésel y el 50-50 antes del 31 de octubre. La reunión en Santa Cruz marca un nuevo capítulo en la relación con el Gobierno nacional.
El 24 de septiembre, en una reunión celebrada en Santa Cruz, seis gobernadores bolivianos decidieron entrar en estado de alerta ante la falta de respuestas del Gobierno a sus demandas. Establecieron un plazo hasta el 31 de octubre para que se atiendan los temas relacionados con el fin de la subvención al diésel y la redistribución equitativa del 50-50 en la coparticipación tributaria.
Juan Pablo Velasco, gobernador de Santa Cruz, fue quien comunicó las conclusiones del encuentro, enfatizando la necesidad de que se cumplan todos los puntos exigidos en el documento presentado. "Nos declaramos en estado de alerta y exigimos que el Gobierno central responda para el 31 de octubre de 2026", mencionó durante la conferencia de prensa posterior a la reunión.
Los gobernadores reiteraron su petición para que el Presupuesto General del Estado de 2027 contemple la coparticipación tributaria para las entidades autónomas departamentales, asegurándose de que esto no afecte las finanzas de las universidades públicas ni de los municipios.
Velasco subrayó que es fundamental que el 50-50 se implemente desde 2027, en línea con el acuerdo firmado el 5 de agosto en Chuquisaca. Asimismo, mencionó que los presupuestos para la gestión 2026 se habían elaborado tomando en cuenta un precio del diésel de 6,73 bolivianos por litro, pero el reciente decreto supremo 5716 fijó un precio internacional que ha generado un gasto inesperado.
El gobernador exigió al Gobierno que formalice, a través de un instrumento normativo, el apoyo necesario para la readecuación de las finanzas de las entidades territoriales autónomas, estableciendo montos y plazos claros para el financiamiento.
Entre las solicitudes realizadas se encuentra la necesidad de transferencias extraordinarias del Tesoro General de la Nación para compensar el diferencial del precio del diésel utilizado en servicios esenciales, como el mantenimiento de la red vial, la atención en salud y la operación de maquinaria.
Además, se requiere que el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas autorice modificaciones presupuestarias excepcionales para cubrir el incremento en los costos de combustible, asegurando que estos gastos no afecten los límites operativos de las gobernaciones.