TSE propone cambios en la designación de vocales electorales
El Tribunal Supremo Electoral busca reformar la Ley del Órgano Electoral y la Constitución para evitar la influencia política en la selección de autoridades electorales.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) está impulsando modificaciones en las leyes electorales con el objetivo de consolidar una legislación que regule la designación de vocales. Esto incluye la intención de cerrar el paso a la elección de exfuncionarios públicos y revisar la representación del Ejecutivo en los órganos electorales.
Gustavo Ávila, presidente del TSE, ha enfatizado que es fundamental establecer requisitos claros para quienes aspiren a ser vocales electorales. Entre las restricciones propuestas, se sugiere que no se permita la designación de exministros, excandidatos de partidos políticos, ni familiares de autoridades electas, a fin de asegurar la imparcialidad del órgano electoral.
Las declaraciones de Ávila fueron especialmente dirigidas hacia exvocales que habían apoyado el gobierno de Evo Morales. Ejemplos de estos incluyen a Wilfredo Ovando, Irineo Zuna y Lucy Cruz Villca, quienes habían manifestado vínculos evidentes con el MAS y su administración a lo largo de su gestión.
Actualmente, la designación de vocales se lleva a cabo de dos maneras: algunos son nombrados por la Asamblea Legislativa y otros son elegidos por el Órgano Ejecutivo. Esta dualidad ha estado bajo revisión, considerando el impacto que tiene en la independencia del TSE.
De acuerdo con la Constitución Política del Estado, el presidente tiene la facultad de designar a un representante ante el TSE y a un vocal en cada uno de los nueve tribunales departamentales, lo que implica que el Ejecutivo controla un total de diez vocales.
La propuesta del TSE sugiere que todos los vocales sean designados a través de un proceso de selección transparente, eliminando las designaciones directas que actualmente existen. Esto implicaría una modificación del artículo 13 de la Ley del Órgano Electoral, mientras que los cambios en los artículos constitucionales requerirían un proceso de reforma más amplio.